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    Este martes, la comisión mixta diputados-senadores aprobó elevar los requisitos para acceder a la libertad condicional por parte de condenados por violaciones de los derechos humanos durante la dictadura, con lo cual se impondrán nuevas condiciones, como cumplir dos tercios de la condena, la colaboración eficaz para el esclarecimiento de los crímenes y declarar en forma inequívoca el arrepentimiento por los hechos cometidos. Según consigna la iniciativa, estas condiciones deberán ser cumplidas de forma simultánea para que se otorgue la libertad condicional.

    La iniciativa fue aprobada con seis votos a favor y cuatro en contra, correspondientes a los diputados de la oposición y el oficialismo respectivamente. En ese sentido, tras la votación, el diputado Leonardo Soto (PS) declaró a radio Cooperativa que “se está tomando una decisión histórica, se está legislando sobre uno de los temas que tienen que ver con las graves violaciones a los derechos humanos”.

    “Este acuerdo contempla tres requisitos: un tiempo de privación de libertad mínimo de parte de los condenados, que es de dos tercios, que se acredite por el postulante que ha colaborado con la investigación policial en su causa o en otra causa de similar naturaleza y en tercer lugar, requisito acumulativo, es que haga una declaración pública donde manifieste su arrepentimiento”, puntualizó el parlamentario.

    Por su parte, el diputado Juan Antonio Coloma (UDI), criticó la propuesta indicando que “nosotros en la Sala vamos a hacer la respectiva reserva de constitucionalidad, porque aquí se vulneran, específicamente con la obligatoriedad de pedir arrepentimiento, los derechos de la persona a no autoincriminarse”.

    En ese sentido, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, junto con descartar un veto a la iniciativa, desestimó una posible inconstitucionalidad del proyecto: “Esta es una democracia. Nosotros ganamos holgadamente el gobierno pero no ganamos el Parlamento y por lo tanto esto ha ocurrido, ocurre y va a seguir ocurriendo, en situaciones en que la mayoría opositora va a poder imponer sus reglas del juego”.

    “Nosotros no estamos trabajando con vetos como regla normal, uno podrá estar de acuerdo o en desacuerdo, pero no veo que lo que se ha aprobado tenga vicios de inconstitucionalidad”, agregó Larraín a la misma emisora.

    Recordemos que la discusión se da en la víspera de la votación, este viernes en la Cámara de Diputados, de la acusación constitucional contra tres ministros de la Corte Suprema que concedieron el beneficio a criminales de lesa humanidad: los jueces Carlos Künsemüller, Hugo Dolmestch y Manuel Valderrama.

    Ahora, la comisión mixta espera despachar el proyecto en la próxima sesión para posteriormente enviarlo a la Sala de la Cámara Baja.

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