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    El municipio de Puchuncaví abrió un expediente para analizar la posibilidad de cerrar las industrias responsables de las intoxicaciones que han afectado a más de mil personas en la zona, según consigna una nota publicada por el diario La Tercera.

    La gestión tuvo lugar luego de que los parlamentarios del Frente Amplio por la zona, el senador Juan Ignacio Latorre (RD), y el diputado Diego Ibáñez (MA) presentaran a los municipios de Quintero y Puchuncaví una solicitud con el objetivo de que los alcaldes decreten el retiro de las empresas que pudieran estar contaminando la comunidad.

    De acuerdo al reporte del matutino, el requerimiento apela al artículo 160 de la Ley General de Urbanismo y Construcción, el cual señala que la autoridad municipal puede definir un plazo para que las industrias que afecten la calidad de vida de los vecinos, debido a “emanaciones dañinas o desagradables, ruidos, trepidaciones u otras molestias”, se retiren de donde están establecidas.

    Al respecto, el senador Latorre indicó que “en el caso de Quintero y Puchuncaví, nunca lo han hecho y se les han instalado 17 grandes empresas”, por lo que, a su juicio, “los municipios han sido autoridades locales muy blandas con el poderío económico de las empresas. Les pedimos una actitud proactiva”.

    Su colega Ibáñez, por su parte, explicó que el objetivo es que se agoten todos los recursos para detener las faenas “lo antes posible”, ya que hasta la fecha no hay certeza de cuáles son los componentes precisos que afectan a la comunidad.

    “Es por eso que, para nosotros, lo más acorde frente a esta situación es que se paralicen las industrias, al mismo tiempo que se coloque con urgencia la tramitación de las normas de calidad de aire, salud y agua. Desde ahí que toda la zona comenzaría a funcionar mediante otras normas”, declaró Ibáñez a La Tercera.

    En ese sentido, se informó que la Municipalidad de Quintero no ha respondido a la solicitud, enviada hace ya dos semanas. Sin embargo, el alcalde Manuel Carrasco respondió que esto se debe a que, según sus conocimientos, él no tiene las facultades para ejercer el requerimiento y se está asesorando con el departamento jurídico municipal antes de emitir una respuesta formal.

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