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    En el recurso de nulidad presentado ante la Corte Suprema por la defensa del lonko Facundo Jones Huala, el principal fundamento denuncia que el Ministerio Público obtuvo información de manera ilegal para involucrar al líder mapuche en ataque incendiario contra el fundo Pisu Pisué, en la comuna de Río Bueno (Los Ríos), ocurrido en enero de 2013.

    La abogada de la autoridad del Pu Lof en Resistencia de Cushamen, Karina Riquelme, señaló a radio Bío Bío que el fiscal jefe de Río Bueno, Sergio Fuentes, envió en mayo de 2013 un correo electrónico a la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de la Policía de Investigaciones (PDI), solicitando una serie de antecedentes relacionados con las diligencias realizadas en Temuco y Osorno, a propósito del ataque al predio.

    Según los argumentos entregados por la abogada, la información tendría un carácter restringido, por lo que solo se podría acceder a ella mediante filtraciones. Los antecedentes corresponderían a interceptaciones telefónicas, filmaciones y grabaciones de los imputados, todos usados en la persecución penal contra el lonko.

    Karina Riquelme

    Por otro lado, el portal Interferencia señala que a partir del correo enviado por el persecutor a un detective se revela que la Fiscalía contaba con información a la que no debió tener acceso, puesto que tenía carácter secreto, al ser recopilada a través de la Ley de Inteligencia.

    “Presentamos un recurso de nulidad ante la Corte Suprema. La principal razón de la nulidad es esta obtención ilegal de pruebas, que nosotros somos bien categóricos en señalar que esta prueba no nos da antecedentes respecto de que Facundo hubiera estado ese día en el incendio, ni siquiera tiene relación con los hechos específicos que se le atribuyen”, afirmó Karina Riquelme, a radio Bío Bío.

    El viernes 21 de diciembre, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valdivia condeno a Facundo Jones Huala a las penas efectivas de 6 años de presidio por el delito de incendio y a 3 años y un día como autor del delito de tenencia ilegal de armas de fuego, como resultado de la investigación por el ataque a Pisu Pisué.

    Durante todo el proceso, la defensa cuestionó las acusaciones contra el líder del Pu Lof en Resistencia de Cushamen, dado que en el marco del mismo caso, cinco personas habían sido procesadas con anterioridad, de las cuales cuatro fueron absueltas. Solo la machi Millaray Huichalaf fue encontrada culpable, en calidad de cómplice.

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