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    La tarde de este miércoles el Tribunal Oral en lo Penal de Iquique dio a conocer la sentencia para los cuatro ex funcionarios de Carabineros condenados por la detención ilegal de José Vergara, joven de 22 años que padecía esquizofrenia y que fue llevado por la policía uniformada desde su domicilio el 13 de septiembre de 2015, luego de acudir por un llamado de la familia al verificar que experimentaba una crisis producto de su enfermedad.

    Según consigna La Tercera, el fallo del tribunal establece una sentencia de 300 días de presidio menor en su grado mínimo para Carlos Valencia. En tanto, Abraham Caro y Ángelo Muñoz fueron sancionados con 200 días de presidio menor en su grado mínimo, mientras que para Manuel Carvajal se dictaron 41 días de presidio en su grado máximo. 

    El tribunal resolvió, además, que “se les concederá la pena sustitutiva de remisión condicional al término de un año, la que se entiende por cumplida mediante el tiempo que permanecieron privados de libertad”. Esto porque los cuatro ex carabineros se encontraban en prisión preventiva en el marco de la investigación.

    Junto con ello se ordenó que se omita la “detención ilegal” del registro de antecedentes de los cuatro ex policías condenados.

    “Se da pie a la impunidad en el abuso policial”

    El pasado 3 de abril, el tribunal estableció la culpabilidad de los ex funcionarios por el delito de detención ilegal y su puesta en libertad con arraigo nacional, a pesar de que los imputados reconocieron que abandonaron a Vergara en el desierto y que el Ministerio Público los acusaba por secuestro calificado y falsificación de instrumento público, delitos por los que solicitaba una pena de 23 años de cárcel.

    Luego de conocerse la decisión de la semana pasada, El Ciudadano conversó con Matías Ramírez, abogado de la familia de José Vergara, quien calificó como “escandaloso” el fallo que estableció la culpabilidad de los ex policías por el delito de detención ilegal.

    “Desde un punto de vista público, nos parece una muy mala señal que, en definitiva, se da pie a la impunidad en el abuso policial, porque desaparecer a una persona cuesta 60 días de prisión, de acuerdo a lo que ha fallado el tribunal”, señaló entonces Ramírez.

    En la misma conversación, el abogado adelantó que recurrirán “de nulidad del fallo y reintentar hacer el juicio nuevamente para lograr nuestro objetivo, que es condenar por secuestro calificado”.

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