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    La Sala de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el proyecto de ley que elimina privilegios procesales en favor de autoridades civiles y judiciales, entre ellos, los propios parlamentarios. La iniciativa pasa ahora al Senado.

    Conforme al texto aprobado y que fuera elaborado por la Comisión de Constitución, la propuesta pasa por modificar las normas del Código Civil relativas a la declaración de testigos y confesión judicial, de modo de restar del listado a gran parte de las autoridades ahí mencionadas que poseen la opción de prestar declaración testimonial o de confesión en un juicio en el domicilio que ellos determinen y no en el tribunal.

    Las autoridades a las que se les resta el citado privilegio son senadores y diputados, subsecretarios, delegados presidenciales regionales y provinciales y alcaldes dentro del territorio de su jurisdicción, los jefes superiores de servicio, los miembros de la Corte Suprema o de alguna de las Cortes de Apelaciones, los fiscales judiciales de estos tribunales, los jueces letrados, el Fiscal Nacional y los fiscales regionales, los oficiales generales en servicio activo o en retiro, los oficiales superiores y los oficiales en jefes.

    Sin embargo, mantendrán el actual beneficio solo el Presidente de la República y los ministros de Estado.

    Los diputados autores del proyecto resaltan que en una sociedad democrática deben limitarse los tratos preferentes en favor de las autoridades públicas y solo subsistir aquellos que sean estrictamente necesarios para el ejercicio de los más altos cargos.

    Cabe recordar que este proyecto es complementario a otra iniciativa despachada en junio pasado por la Cámara, la cual elimina estos privilegios procesales a favor de autoridades eclesiásticas. Dicha norma los suprime para el arzobispo y los obispos, así como a los vicarios generales, provisores, vicarios y provicarios capitulares y párrocos. Incluso, esta medida contempla a los religiosos y novicios aunque pertenezcan a órdenes de clausura.

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