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    Manteniendo la polémica y polarización que se verificó en la sesión pasada, la Sala de la Cámara continuó analizando y votando el articulado del proyecto que modifica la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, con el objeto de establecer restricciones a la tramitación de proyectos en zonas declaradas latentes o saturadas.

    La iniciativa, aprobada y despachada ahora a segundo trámite al Senado, fue objeto de un importante cambio respecto de la propuesta planteada por los autores y por la Comisión de Medioambiente que la abordó en dos ocasiones.

    La propuesta, conforme al texto planteado por la citada Comisión, determinaba que en zonas declaradas como latentes o saturadas por contaminación, mientras que no se dicten los respectivos planes de prevención y/o descontaminación, los proyectos nuevos y ampliaciones de proyectos existentes que ingresen al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental deberán cumplir las siguientes condiciones:

    a) Tratándose de zonas saturadas, compensar sus emisiones totales anuales en 120%, si estas representan un aporte superior al 5% de los contaminantes, o sus precursores, considerados en la declaración de zona.

    b) Tratándose de zonas latentes, compensar sus emisiones totales anuales en el 100%, si estas emisiones representan un aporte superior al 5% de los contaminantes, o sus precursores, considerados en la declaración de zona.

    A seguir, se especificaba que será declarado inadmisible cualquier proyecto que no cumpla con las condiciones exigidas por esta ley. Luego, se agregaba que solo podrá ser presentado dicho proyecto después de seis meses de declarada su inadmisibilidad.

    Pero esta visión compensatoria fue remarcadamente refutada en las sesiones de ayer y hoy por la oposición que, por medio de carteles y sentidos discursos, que incluso llegaron a las lágrimas, llamó a poner fin a las llamadas “zonas de sacrificio” y a limitar la instalación de nuevos proyectos en dichas áreas del país.

    En este contexto, se presentó una indicación que durante el trámite en la Comisión de Medioambiente no alcanzó el quórum necesario de aprobación. En dicha oportunidad, el oficialismo no dio su respaldo al cambio; hoy tampoco. Sin embargo, las mayorías favorecieron a la oposición y la modificación fue ratificada por la Sala por 60 votos a favor, 36 en contra y diez abstenciones.

    En concreto, el nuevo texto mantuvo el encabezado del artículo único, pero reemplazó el resto de las normas permanentes. En primer lugar, se estableció que todo proyecto requerirá de la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental.

    Luego, se determinó que los proyectos que generen emisiones que representen un aporte superior al 1% de los contaminantes (en consideración a la norma ambiental establecida y a la declaración de zona correspondiente), así como aquellos que generen energía a base de combustibles fósiles, no podrán ser admitidos a tramitación.

    Finalmente, se definió que los organismos del Estado a cargo de la evaluación y coordinación de los procesos de evaluación de impacto ambiental deberán promover medidas y propuestas dirigidas a prevenir el detrimento de la calidad del aire.

    Esta última norma fue particularmente criticada por el oficialismo y motivó su solicitud de votación de admisibilidad, la cual solo vino a ratificar el criterio ya definido por la Mesa, por 59 votos a favor, 43 en contra y tres abstenciones. Pese a lo anterior, igualmente se anunció la reserva de constitucionalidad sobre el punto.

    Sobre la votación, la diputada y presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Catalina Pérez (Revolución Democrática), aseguró que con esto “logramos aprobar una moción que realmente resguarda y protege a las ciudadanos de las zonas latentes o saturadas de contaminación. Vecinos de Calama que esperan nueve años por un plan de descontaminación, hoy pueden contar con el aumento de los estándares medioambientales”.

    En tanto, la parlamentaria del Partido Radical Social Demócrata, Marcela Hernando, respaldó la votación final: “Ellos (el oficialismo) defendían que las empresas pudieran compensar y es un concepto que a nosotros no nos gusta, ya que es como tener licencia para contaminar”, criticó la parlamentaria.

    Fuente: Cámara de Diputados

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