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    Un grupo de parlamentarios presentó una iniciativa legal para modificar la actual Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, agregando un párrafo denominado “Delitos contra el Medio Ambiente”, el cual incluirá penas de cárcel y multas, las que pueden llegar a los 23 millones de dólares en caso que los responsables de contaminación tengan resultado de muerte.

    El proyecto castiga a quien vierta, emita, irradie o propague contaminantes químicos, biológicos, auditivos o físicos, afectando gravemente con ello el medio ambiente o uno o varios de sus componentes, como el agua, aire, el suelo, la vida vegetal, animal, o la convivencia social, con penas que parten de presidio menor en su grado medio y que pueden llegar, en caso de muerte o lesiones graves de una o más personas, a presidio mayor en su grado medio equivalente como máximo a 15 años de cárcel.

    Según explica el autor de la iniciativa, el diputado Rodrigo González (PPD), “el proyecto viene a castigar con altas multas y penas de presidio para los responsables, todo ello para que el delito contra el medio ambiente quede definitivamente sancionado en el sistema institucional chileno y sea consagrado como un delito que también atenta en contra de los derechos humanos”.

    El proyecto cuenta con el apoyo del Diputado Diego Ibáñez (RD), quién valoró que Chile mejore su legislación a estándares internacionales: “Lo que sucede en Quintero y Puchuncaví es un sacrificio a los derechos humanos que lamentablemente es legal, el proyecto que estamos presentando de tipificación de delito ambiental tiene el objetivo de estandarizar la norma chilena a los criterios internacionales, y hoy también hay que avanzar en modificar la Superintendencia de Medioambiente, darle mayores atribuciones y relevancia”.

    Finalmente la diputada integrante de la Comisión de Medio Ambiente, Cristina Girardi, aseguró que el proyecto viene a fortalecer la legislación con reglas y sanciones claras: “Este proyecto tiene mucho sentido porque el responsable de tipificar y sancionar será el Ministerio Público. Esto debido a que en Chile tenemos una debilidad con la institucionalidad ambiental”, concluyó la legisladora.

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