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    Por permitir el ingreso a Chile de 228 ciudadanos de India y Nepal entre 2015 y 2017, dos diplomáticos de ese país son investigados por la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente de Santiago, informó el diario local La Tercera.

    Las acusaciones las realizó el fiscal Carlos Ramírez, quien tiene dos años investigando el caso sobre el ingreso de los ciudadanos indios y nepaleses, de los cuales se estima que al menos 160 aún residen en el país reseñó el diario chileno.

    Según las investigaciones del fiscal Ramírez, la cifra pudiese ser mayor, ya que muchos llegaron al país y luego de una corta estancia, continuaron a Estados Unidos. Este puente aéreo pudiese significar que la cantidad de tráfico de personas pudiese ser mayor.

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    Investigan el cobro de más de un millón de dólares F/Hispantv

    Las acusaciones son contra los diplomáticos Frank Sinclair Manley y Gustavo Canturias Concha, quienes pudiesen ser imputados en enero por el delito de tráfico de personas en relación a los migrantes indios y nepaleses.

    Sinclair es el cónsul general de Chile en Córdoba (Argentina) y Canturias, también es cónsul general en Dublín (Irlanda).

    Ambos funcionarios, en caso de ser enjuiciados y ser encontrado culpables, pudiesen pagar una pena de hasta cinco años, señala el rotativo.

    Según la investigación, Cantuarias habría emitido visados de estudiantes con una duración hasta de un año en Chile, por lo que se presume que cada migrante pudo haber pagado entre seis mil y ocho mil dólares. Esta y otras presuntas irregularidades pudiesen sumar más de 1,33 millones de dóalres.

    diplomáticos

    El Gobierno de Chile no firmó tratado contra migración ilegal

    En relación a la migración, el Gobierno de Sebastián Piñera, prometió regularizar la situación migratoria de 350 mil personas, sin embargo la respuesta tangible es muy distinta, sitiación que se ve reflejada en la negativa del gobierno nacional en firmar el Pacto de Naciones Unidas sobre Migraciones, decisión que fue muy criticada por los organismos de derechos humanos ya que la negativa significó un agravio a la Declaración Universal de la Derechos Humanos.

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