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    Un completo informe con propuestas sobre los aspectos a reformar en el Código de Aguas expuso la directora de Chile Sustentable, Sara Larraín, ante la Comisión de Agricultura del Senado. La dirigenta ambientalista hizo un contrapunto a los planteamientos expresados por la Confederación de Canalistas de Chile y el propio gobierno, que insisten en mantener intocable la propiedad privada perpetua del agua, a pesar de la crisis hídrica, el desabastecimiento de la población rural y el cambio climático.

    La sesión, que se realizó el 14 de mayo, fue presidida por la senadora Carmen Gloria Aravena (Evopoli) y contó con la presencia de sus colegas Ximena Rincón (DC), Felipe Harboe (PPD), Juan Enrique Castro (ind. RN) y Álvaro Elizalde (PS).

    Larraín recordó que el proyecto de ley de reforma al Código de Aguas fue ingresado a la Cámara de Diputados hace 8 años, habiendo sido aprobado ya por dicha corporación en primer trámite constitucional y por la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara Alta, en segundo.

    El corazón de la reforma se sustenta en establecer el reconocimiento del derecho humano al agua y al saneamiento; prioridades de uso y protección de las fuentes de agua; y terminar con el acaparamiento y la especulación, todo lo cual debe ser garantizado por el Estado.

    Estos planteamientos son resistidos por el nuevo gobierno y el gran empresariado, que demandan la mantención de la propiedad privada a perpetuidad. Al día de hoy la iniciativa establece que los nuevos derechos serían concesiones temporales, a 30 años prorrogables. Sin embargo, para los ya constituidos la titularidad permanecería para siempre.

    Asimismo, la iniciativa incorpora dos figuras nuevas: las causales de extinción y de caducidad de los derechos de agua. La primera se aplicará si el titular no hace un uso efectivo del recurso en el plazo de 5 años en el caso de los derechos consuntivos (riego, industria) o de 10 años en el de los no consuntivos (hidroeléctricas).

    La segunda causal corresponderá a los derechos otorgados que no se inscriban en el Registro del Conservador de Bienes Raíces, pues esta práctica se ha utilizado como medio para especular con el agua y evadir el pago de patente por no uso.

    Dentro de los principales aspectos que relevó Sara Larraín en su presentación estuvo que los servicios sanitarios rurales (ex Comités de APRs) podrán acceder a aguas subterráneas desde pozos cavados en terrenos de la organización, de algún integrante de ella o del Estado, e incluso extraer hasta 12 litros por segundo mientras tramitan el permiso definitivo.

    En términos de priorización del uso de las aguas, Larraín indicó que el texto hasta ahora aprobado establece que “la autoridad deberá siempre velar por la armonía y el equilibrio entre la función de preservación ecosistémica y la función productiva que cumplen las aguas”. De esta forma podrá el Estado constituir reservas con las aguas disponibles, superficiales o subterráneas, con el fin de asegurar estas funciones sociales y ambientales.

    En ese sentido, la especialista enfatizó que la reforma avanza también en el establecimiento de una discriminación positiva para sectores que proveen agua para consumo humano de subsistencia, comunidades agrícolas e indígenas, y pequeños campesinos. Todos ellos estarán exentos de la aplicación del caudal ecológico y del pago de patentes por no uso, además de las causales de caducidad por no inscripción de los derechos de agua otorgados. También se establece este último régimen de protección para los recursos hídricos con fines de conservación en áreas protegidas.

    Con relación a la sustentabilidad ambiental, Sara Larraín apuntó que la actual reforma no permitiría “otorgar derechos de agua en áreas declaradas bajo protección oficial para la protección de la biodiversidad, los humedales de importancia internacional y aquellas zonas que alimentan vegas y bofedales, áreas amenazadas o degradadas, a menos que se trate de actividades compatibles con los fines de conservación del área”.

    Además, se limita el ejercicio de los derechos de aprovechamiento si la explotación de aguas subterráneas produce una degradación del acuífero o de parte del mismo, al punto que afecte su sustentabilidad.

    Un aspecto importante en la discusión del proyecto ha sido la aplicación del caudal ecológico. Sobre esto, hasta el momento fija caudales ecológicos mínimos en caso de otorgamiento de nuevos derechos de agua, para aquellos ya otorgados en áreas protegidas, para los que soliciten traslado y para el caso de los que se utilicen en obras mayores.

    La directora de Chile Sustentable finalizó su exposición recordando las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que en el país ponen el acento en la escasez de agua y la contaminación en las zonas donde se concentran la minería y la agricultura.

    El organismo multilateral ya advirtió que existen “distorsiones en la asignación y el comercio de derechos de aprovechamiento de aguas”, recomendando priorizar los usos de subsistencia; establecer caudales ecológicos en todas las cuencas; y revertir el sobre otorgamiento de agua.

    Además, sugiere acelerar la regularización y el registro transparente de los derechos de agua, entre otras medidas.

    Larraín concluyó señalando que la reforma al Código de Aguas “es totalmente coherente con las recomendaciones que hizo a Chile la OCDE y cuya implementación evaluará nuevamente en 3 años”.

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