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    La agrupación Viña Transparente solicitó este miércoles ante el Tribunal Electoral la destitución de la alcaldesa Virginia Reginato (UDI) y todos los concejales por “notable abandono de deberes”, debido a su presunta responsabilidad por el millonario déficit que se registra en las finanzas del municipio.

    Según consignaron varios medios locales, el requerimiento no está dirigido solamente hacia la jefa comunal viñamarina -una acérrima defensora de la Dictadura y de Pinochet-, sino también contra aquellos ediles que estaban en su cargo desde antes de 2016.

    Al respecto, el abogado de la agrupación “Viña Transparente”, Javier Gómez, explicó a radio Bío Bío que una de las causas que motivó la medida es la aprobación de presupuestos deficitarios con antecedentes falsificados. Por ello, en un extenso documento que supera las 20 páginas, la agrupación argumenta falta de probidad, ocultamiento de información del déficit financiero y notable abandono de deberes, tanto de Reginato como de los concejales Jaime Varas, Pamela Hodar, Macarena Urenda, Rodrigo Kopaitic y Laura Gianicci.

    El único concejal que no fue incluido en esta solicitud de destitución fue el comunista Víctor Andaur, quien ha rechazado cada presupuesto municipal y quien también ha denunciado en reiteradas ocasiones la poca transparencia en el proceso, además de la subida exponencial en los gastos del erario comunal cada año que había elecciones.

    La resolución del Tribunal Electoral se dictará en un plazo de al menos 6 meses.

    Recordemos que el pasado 14 de marzo, el recién asumido diputado del Partido Socialista, Marcelo Díaz, llegó hasta la Contraloría Regional en Valparaíso con el objetivo de solicitar que investiguen las reales causas del profundo déficit económico que afecta a la Municipalidad de Viña del Mar, el cual alcanza, según la Comisión de Finanzas del Concejo de esta comuna, los 13.456 millones de pesos hasta noviembre de 2017.

    Así, el polémico pago de horas extras a directivos y funcionarios que se realiza en la administración de la alcaldesa UDI nuevamente salió a discusión, pues se trata de una práctica que sólo durante 2017 significó para el municipio un gasto cercano a los 3.000 millones de pesos, cifra que no tiene un correlato con la realidad, es decir, corresponden a jornadas de trabajo “imposibles” de realizar para cualquier ser humano.

    Un ejemplo: sólo entre enero y diciembre de 2017, los funcionarios de planta del municipio viñamarino habrían realizado, según los informes emitidos por la administración comunal, 879.428 horas extras. Esto quiere decir que, en promedio, cada uno de estos trabajadores realizó 107,9 horas mensuales, 27 a la semana. Para llevar esto a la realidad, una opción sería haber trabajado en total, 13,4 horas de lunes a viernes, o en su defecto, hacer turnos días sábado y domingo, cada uno de 13,5 horas, sin derecho a días festivos, feriados legales, licencias médicas ni permisos de ningún tipo.

    Esto contradice absolutamente el Artículo 65 del Estatuto Administrativo, que señala de manera textual que “la jornada ordinaria de trabajo de los funcionarios será de cuarenta y cuatro horas semanales distribuidas de lunes a viernes, no pudiendo exceder de nueve horas diarias”.

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