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    La figura del alcalde Juan Rojas Vergara (DC) provoca sentimientos encontrados en la comuna de San Clemente. Desde el bloque agrícola que se opuso a la flexibilización de restricciones de la Laguna del Maule (ver parte IV) destacan positivamente que haya influido sobre el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, para echar el convenio atrás. Otros sectores de la comunidad critican la forma en que aceptó la instalación de la central Los Cóndores.

    En el entorno del edil afirman que él siempre ha estado a favor de que los frutos del desarrollo hidroeléctrico se vean reflejados en la comuna y que basado precisamente en ese espíritu llegó a un acuerdo con Endesa -hoy Enel- para financiar proyectos sociales en 2013.

    El 26 de septiembre de ese año, la Municipalidad de San Clemente firmó el “Convenio Marco de Aportes de Responsabilidad Social Empresarial (período 2013-2016)” con la empresa de capitales europeos. Pero no todo fue grito y plata. Tres años más tarde, la Contraloría General de la República investigó una denuncia por faltas a la probidad que obligó a Juan Rojas a anular el pacto.

    En principio el acto de Endesa parecía benigno. Plasmaba sus deseos de contribuir “libre y voluntariamente” a la implementación de programas y actividades para potenciar el “desarrollo económico y local” y de las “comunidades cercanas al lugar de emplazamiento de sus proyectos y operaciones”. $2.610.000.000 era el monto que se proyectaba iría a financiar paraderos, contenedores de basura, luminarias, telefonía satelital, sedes vecinales e iniciativas culturales y turísticas.

    No obstante, el problema radicaba en la cláusula 2.4 del papel, que señalaba: “Las Partes dejan constancia que la entrega del Aporte supone la condición que no se entorpezca de manera ilegítima el normal avance de los trabajos de construcción del Proyecto Hidroeléctrico Central Los Cóndores, ni se vea afectado el normal funcionamiento de las actuales instalaciones de generación eléctrica presentes en el territorio”.

    La decisión de avalar el contrato fue tomada por la mayoría del Concejo Municipal. A favor votaron los concejales Pablo Hernández Morales, Luz María Ramírez Sepúlveda, Osvaldo Rojas Iturriaga, Fresia González Meza y Catalina Toro Parot. Solo se abstuvo María Inés Sepúlveda Fuentes.

    La disidente pidió que Endesa explicara su ofrecimiento con detalle en una sesión pública, propuesta que fue rechazada inmediatamente por el alcalde. “A mí la empresa me está apurando porque tiene los representantes de Italia acá”, respondió la autoridad alcaldicia, según el Acta de la sesión del Concejo Municipal Nº 31 correspondiente al 25 de septiembre de 2013.

    “La verdad es que yo siento que esto está al revés”, contestó Sepúlveda. “Si nosotros vamos a obtener un beneficio de la empresa, esto no puede ser tan así, no sabemos qué es lo que quiere la gente, a lo mejor a la gente le interesa otra cosa. Me gustaría que la gente se sintiera más integrada”.

    Sin recular, el jefe sanclementino explicó que ya se había escuchado la opinión de la Unión Comunal Rural y que él efectivamente podía “aparecer como un vendido a las empresas eléctricas”, pero iba a luchar para que aumentar sus impuestos y “que los privilegios de las aguas sean para riego y después para energía”. Rojas agregó que Los Cóndores ya había sido aprobada por los organismos ambientales, quedando solo la opción de “sociabilizarla”.

    DEBER MORAL

    De los $731.700.250 que Endesa alcanzó a transferir por el convenio, el municipio solo alcanzó a invertir $362.391.519 en proyectos comunitarios. La entrega de la suma restante fue detenida luego del Informe de Investigación Especial N° 534/2016 de la Contraloría (ver aquí). Esto recordó que los municipios deben adoptar “decisiones razonables e imparciales”. Todos los antecedentes fueron enviados a la Fiscalía.

    Según el ente, la cláusula objetada suponía que “ante cualquier accionar de Endesa que se relacione o interfiera con alguna de las amplias funciones y atribuciones que la Ley Orgánica de Municipalidades ha otorgado a la Municipalidad de San Clemente”, esta última se vería “virtualmente condicionada a emitir algún pronunciamiento favorable o se entenderá que las decisiones que la autoridad comunal adopte carecerán de la debida imparcialidad”.

    El órgano dictaminó que el convenio se apartaba de los objetivos de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), toda vez que supeditaban “la entrega de los respectivos recursos al cumplimiento de condiciones que dicen relación con un proyecto (central Los Cóndores) ajeno al objeto del acuerdo de voluntades”. También rechazó que el municipio estampara una marca publicitaria de Endesa en a lo menos cuatro vehículos de uso fiscal adquiridos con la donación.

    Entrevistada para este reportaje, la hoy ex concejala María Inés Sepúlveda relata que sufrió hostigamientos luego de oponerse al acuerdo.

    -No me invitaban a las actividades, no me nombraban en los actos públicos, no tenía prensa ni nada. Eso sí, yo trataba de buscar mis medios. Trataba de hacer las cosas igual. Creo que gran responsabilidad en eso la tiene mi papá… Él era un hombre que trabajaba mucho. Cuando sus huesos se empezaron a atrofiar, yo decidí poner algunos letreros en la comuna con la fotografía de él diciendo que había que cuidar el agua de riego, porque era la vida. Yo lo sacaba a pasear para que viera los letreros y sintiera que todavía estaba activo.

    -¿Cuál ha sido el impacto que ha tenido en la cuenca alta del río Maule la instalación de hidroeléctricas?

    -No solamente ha sido un impacto visual. El impacto más grande de las empresas que han construido centrales y tendidos eléctricos es el que han causado en la consciencia de las personas, porque ellos apuntan al adormecimiento de la gente, a que la gente se conforme con dinero, que se sienta satisfecha con regalos. Y no solo las empresas. A esta voluntad se han sumado los políticos y eso es terrible. Si tú analizas la política como el servicio a la comunidad, tú no puedes entender por qué los políticos primero le sirven a las empresas y después a la gente. No te estoy diciendo que todos, pero la mayoría sí.

    ¿Qué papel ha jugado el municipio en este tema?

    -El municipio se excusa diciendo que no tiene ninguna atribución para detener un proyecto y lo más probable es que no tengan atribuciones en cuanto a documentación, pese a que yo tengo mis dudas, porque todos los proyectos tienen que pasar por la Dirección de Obras Municipales. Pero hay un deber moral de los políticos, porque el progreso es bueno pero siempre y cuando no signifique un sacrificio de nuestro patrimonio. Entonces, ¿qué buscamos? ¿Cómo buscamos proyectos nuevos, diferentes, que no atenten contra el agua de nuestra cordillera?

    -¿Usted piensa que se está alterando la identidad de la comuna?

    -Pero por supuesto. ¿Cómo te explicas que a la entrada de San Clemente, en vez de haber un letrero que diga “cuidemos nuestra agua de riego” o “bienvenido a nuestra tierra agrícola”, aparezca un letrero de Enel? Al comienzo… y no es talla. Tú entras y hay un tremendo letrero de Enel, más encima con unos arrieros. El municipio debió haber llamado en serio a una movilización, haber pedido el apoyo de los parlamentarios de diferentes colores políticos, haber ido a Santiago, haber estado todos los concejales unidos porque todos sabemos en lo que va a terminar esto.

    En septiembre de 2016, Sepúlveda conoció través de la prensa que la justicia española había solicitado a Chile investigar un presunto cohecho internacional cometido por Endesa para asegurar la instalación de su cartera de proyectos en el país. Entre ellos se hablaba de la central Neltume, en la Región de Los Ríos, la cual impactaría directamente en la Reserva Biológica Huilo Huilo.

    Según La Tercera, la Fiscalía Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada de España había notificado al Ministerio de Relaciones Exteriores chileno que la compañía estaba siendo objeto de una investigación luego que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), citando como fuente la edición del 15 de abril de 2015 del diario El Ciudadano, supiera que la generadora, para obtener determinados permisos, había donado 3,5 millones de dólares a políticos chilenos durante el período electoral de 2013.

    El fiscal español Juan Pavía Cardell pidió aclarar “si es que existe o ha existido algún procedimiento judicial en Chile, o alguna investigación a cargo de la Fiscalía Nacional o de otra autoridad competente chilena, en relación con la sociedad española Endesa S.A… por hechos que pueden constituir algún acto directo o indirecto de corrupción de funcionarios públicos… con el fin de obtener o conservar algún contrato o negocio de la Administración Pública”.

    El requerimiento impulsó un conjunto de diligencias a cargo de la persecutora de la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, Ximena Chong, que ordenó a la PDI hacerse con toda la contabilidad de la empresa desde el año 2009.

    CON O SIN BOLETA

    La posible existencia de presiones políticas indebidas a favor de Endesa era algo que ya se escuchaba en la década de los ‘90s, cuando la generadora impulsó el ambicioso proyecto Ralco en la cuenca alta del río Biobío.

    En 1996, la central fue aprobada sin considerar las conclusiones del Comité Revisor de la Conama integrado por 19 servicios públicos. “Las deficiencias del Estudio de Impacto Ambiental se traducen en que el proyecto no se hace cargo, ni siquiera ligeramente, de sus efectos más relevantes”, dijeron al unísono. Por esos días, la directora ejecutiva de la Conama, Vivianne Blanlot, se abstuvo de firmar el documento y esperó que la firma presentara una adenda.

    En la época, según el libro “Aguas turbias” (2001) del académico Jorge Moraga, el esposo de Blanlot era gerente general de Aguas Cordillera, filial de la propietaria de Endesa, Enersis. Al mismo tiempo la persona que supervisaba la Conama era Jorge Rosenblut, subsecretario del Ministerio Secretaría General de la Presidencia que después pasó a trabajar en Chilectra bajo los tentáculos de Enersis.

    Hubo otro miembro de la administración de Frei Ruiz-Tagle que concentró sospechas: el ministro Edmundo Pérez Yoma, receptor de honorarios por más de $30 millones en Chilectra entre 1990 y 1992, según el co-autor de la Ley Indígena, el abogado José Aylwin.

    El nombre de Rosenblut volvería a aparecer en los tejemanejes de Endesa 20 años después, cruzándose con las pesquisas de la fiscal Ximena Chong y las causas por financiamiento ilegal de partidos y campañas políticas con boletas ideológicamente falsas, mecanismo que fue destapado a raíz del caso Penta.

    Rosenblut, quien presentó a la cabeza del Grupo Enersis el proyecto Los Cóndores como una de las prioridades más altas del holding, terminó renunciando a su cargo en 2015 para no “someter a la compañía a una exposición innecesaria”. Los flashes de cámara fueron inevitables. Una semana y media más tarde, Rosenblut también renunció a su derecho a guardar silencio para declarar ante el fiscal nacional Sabas Chahuán por los servicios inexistentes que SQM había pagado a figuras ligadas a la campaña de Bachelet.

    Entre ellas se mencionaba al geógrafo Giorgio Martelli, creador de la empresa Asesorías y Negocios (AyN) que era usada para triangular los fondos pesquisados por la Fiscalía. Rosenblut, según Martelli, lo había contactado en 2011 para pedirle que ayudara a obtener recursos para un nuevo gobierno de la Concertación. El ex ejecutivo de Enersis contradijo a Martelli. Dijo que éste -y no al revés- había recurrido a él para averiguar si había “disponibilidad” de financistas políticos en el mundo empresarial.

    Atentos a la recurrente mención a Rosenblut en el caso, Endesa contrató a mediados de 2015 al estudio jurídico Carola, Diez y Pérez-Cotapos para auditar su contabilidad en busca de pagos a figuras relacionadas con la empresa AyN u otras con nexos políticos. La revisión develó aportes fuera del marco legal hechos “al abogado Pedro Yaconi (asesor del ex presidente Frei) en 2009, por al menos $100 millones” y a Giorgio Martelli “por $50 millones”, publicó El Mercurio en junio de 2015.

    Tras conocer el hecho por la prensa, la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) pidió a la compañía aclarar la veracidad de la información. A través de un oficio, la requerida admitió la destinación de recursos a Personas Políticamente Expuestas (PEP) “por la suma aproximada de CL$333 millones” en 2012 y “por CL$216 millones a proveedores que han sido señalados públicamente por medios de prensa por estar relacionados con el financiamiento de campañas políticas”.

    En la lista aparecieron pagos al ex senador RN Ignacio Pérez Walker “por US$200 mil entre 2013 y 2014; al miembro del parlamento mapuche, Raúl Acán, por US$80 entre 2012 y 2014, y al ex gobernador de Valdivia, Christian Cayuqueo, por US$100 mil entre 2012 y 2015”, informó la Revista Pulso. Otro de los mencionados fue el senador del Maule Norte, Andrés Zaldívar (DC), quien había cobrado cerca de 100 UF mensuales -entre 2008 y 2010- a la Fundación Huinay, que recibía financiamiento de Endesa.

    Zaldívar contestó que no había irregularidad, ya que eran trámites legales cobrados en el ejercicio de su labor profesional de abogado -y no de funcionario público- para normalizar concesiones marítimas, alegó. “Yo no tengo nada que ver ni he estado en ningún proceso de recolección de dinero ni he sido parte de ello, no tengo nada que ver con el señor Rosenblut ni con Endesa como empresa”, dijo en una entrevista.

    CAIGA QUIEN CAIGA

    En 2015, Rosenblut abandonó Chile para autoexiliarse en Miami. Las cosas fueron más complicadas para Giorgio Martelli: en 2017, luego alcanzar un acuerdo con el Ministerio Público para evitar un juicio oral, el denominado operador político fue encontrado culpable de delitos tributarios reiterados y condenado solo a una multa. De acuerdo a la sentencia del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, Martelli recibió a través de AyN más de $220 millones de SQM.

    La arista de los pagos de Endesa comenzó poco a poco a decaer, y pese a que el Servicio de Impuestos Internos (SII) reconoció un perjuicio fiscal de $127.943.403 por pagos a proveedores sin respaldo -C2P Consultores de Pedro Yaconi, Asesorías e Inversiones IPEWA del ex senador Pérez Walker y Martelli y Asociados Limitada-, la entidad recaudadora se abstuvo de presentar querella, posibilitando que varias compañías rectificaran la documentación tributaria y pagaran -al igual que Martelli- solo multas.

    La ex jefa de litigación penal del SII, Marisa Navarrete, comentó al autor de este reportaje haber conocido “varios casos en que los perjuicios eran dos millones u 800 mil pesos y en que sí hubo querellas…  Por eso es arbitrario. Esto (los casos de financiamiento irregular de la política que no motivaron acción penal del servicio), sin duda merecía querellas por dos cosas: por los montos, porque no son menores, y porque la connotación pública es un antecedente que se tiene que tener en cuenta. No estamos hablando de la señora de la esquina”.

    La decisión del SII de no abrir la puerta a la indagación penal de otras empresas citadas en el expediente SQM, también fue criticada por el abogado querellante de la Fundación Ciudadano Inteligente, Mauricio Daza.

    -¿Qué hay del resto de las empresas mencionadas en posible financiamiento ilegal de la política, como Ripley y Endesa, por las que el SII decidió no interponer querellas? – pregunté.

    -En un comienzo el gobierno estaba bastante entusiasta con la investigación que se estaba haciendo a Penta, ya que involucraba a empresarios muy relacionados con la derecha política. El problema fue cuando se abrió la arista SQM. En ese momento, personeros de todos los sectores políticos supieron que se estaba abriendo una caja de Pandora y se empezó a generar un esfuerzo de contener estas causas. Todo a partir de una lógica retorcida muy propia de nuestra transición: la mal llamada razón de Estado. Es decir, son tantas las personas involucradas que si exponemos la verdad, vamos a sufrir un problema de gobernabilidad. Eso va en contra de lo que es un Estado democrático de derecho. Es un eufemismo hipócrita que trata de maquillar un burdo intento para garantizar impunidad a una élite corrupta que se encuentra capturada, a través de coimas y aportes ilícitos, por los principales grupos económicos de nuestro país.

    -¿Por qué es hipócrita?

    -Porque es asociar la gobernabilidad a una determinada casta de personeros políticos, quienes además aparecen envueltos en hechos de corrupción. Acá la única solución real en un Estado democrático de derecho es que todas las personas involucradas, por extenso que sea el número que esté relacionado con estas imputaciones, deben ser sancionadas, o al menos se debe conocer lo que hicieron. En ese contexto, la ciudadanía tendrá la posibilidad de decidir reemplazarlos, en su caso, por otros que no hayan incurrido en estas prácticas a través de los mecanismos propios de una democracia. Pero acá no hay un problema de gobernabilidad si se investiga hasta el final, caiga quien caiga, de hecho es al revés. Habrá un problema de gobernabilidad si esa labor no se realiza, porque va a estar en juego la credibilidad de las instituciones, que es lo que le da sustento a la democracia al mediano y largo plazo.

    Matías Rojas – [email protected]

     

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