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    El funcionario del Departamento de Estado señaló que sólo estarán sujetos a la norma los datos de “individuos que han cometido delitos de gravedad”, y agregó que “cualquier país debería compartir ese tipo de información”.

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    A diferencia de lo expresado por el embajador, el acuerdo firmado en mayo de 2013 por Chile y Estados Unidos para el “incremento de la cooperación en prevención y combate del delito grave”, que se encuentra unido al programa de exención de visas y deberá ser ratificado por el parlamento, define que los datos podrán ser transferidos incluso en casos donde no existiere un delito cometido.

    El artículo 11 del tratado establece ambiguamente que el intercambio se producirá por “circunstancias específicas”, que den “motivos para considerar” que el o los titulares de los datos “cometerán o han cometido delitos terroristas… o delitos graves”.

    El texto no especifica quién decidirá si determinada persona está pronta a cometer un delito, y bajo qué elementos de juicio.

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    Luego que el diario El Mostrador señalara que Hammer estaba “inquieto por el riesgo… de que Chile dé pie atrás y deje sin efecto el acuerdo”, la ONG Derechos Digitales respondió que “es pertinente tomarse el tiempo que sea necesario, discutir seriamente y generar un acuerdo que no atente contra nuestros derechos”.

    Pero la intención de reevaluar el proyecto no parece estar en el espíritu de la Cancillería de Bachelet. En conversación con CNN Chile, el subsecretario de Relaciones Exteriores, Edgardo Riveros, defendió la iniciativa con los mismos argumentos de la embajada norteamericana, al afirmar que el intercambio sólo se producirá cuando haya “antecedentes de la persona que se trate”.

    Otro aspecto del tratado incluye la entrega de “huellas dactilares” y “perfiles de ADN”.

    Cabe destacar que desde el año 2010, Chile cuenta con un Registro Nacional de ADN establecido gracias a la colaboración del FBI de Estados Unidos, entidad que proporcionó la capacitación y el software para el manejo de un banco de datos de perfiles de ADN de ciudadanos chilenos. A la inauguración concurrió el entonces embajador estadounidense Alejandro Wolff.

    Otra acusación de espionaje para Hammer

    Como Verdad Ahora señaló en junio del año pasado, poco se ha hablado respecto de las funciones que Mike Hammer desempeñó en Bolivia como encargado de Asuntos Políticos de la legación diplomática estadounidense, cuando Evo Morales expulsó de sus fronteras a la DEA, la agencia antidrogas norteamericana.

    En 2008, Morales denunció a la DEA por “realizar labores de espionaje y financiar grupos criminales para derrocar a su gobierno”. La acusación se produjo poco después de que el mandatario declarara persona non grata al embajador de Estados Unidos en ese país, Philip Goldberg, y en reciprocidad Washington hiciera lo mismo con el representante boliviano, Gustavo Guzmán.

    Hammer intentó calmar las aguas, pero no fue suficiente. Años más tarde Morales justificaría su decisión de expulsar a la DEA por “aliarse con carteles del narcotráfico”.

    Fuente: Verdad Ahora

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