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    El ex fiscal Carlos Gajardo criticó este domingo el concepto de “igualdad ante la ley” en nuestro país, ejemplificando con el caso de una persona de la ciudad de Puerto Montt, que fue condenada a cuatro años de cárcel por presentar facturas falsas, para evadir impuestos.

    “Cómo se le explica a la ciudadanía que en Puerto Montt, a un ciudadano NN se le da una condena a cuatro años y en Santiago, a un senador de la república, se le otorga por hechos semejantes y montos semejantes una suspensión condicional del procedimiento”, comentó Gajardo, en una clara alusión a la situación del UDI Iván Moreira.

    Respecto a al mismo parlamentario, Gajardo explicó “el senador Moreira no sólo pidió dinero a Penta, sino también a otra serie de empresas con rectificaciones de más de 1 millón de dólares (…) es un competidor que ganó con doping”, dijo el ex fiscal, recordando también que  “los casos Penta S.Q.M y Corpesca partieron como infracciones tributarias”.

    Las declaraciones del ex fiscal fueron realizadas en el programa programa “Mesa Central”, de Canal 13. Pero esta no es la primera vez que Gajardo se refiere al caso del hombre condenado en Puerto Montt por presentar facturas falsas. Cuando se dictó la condena del caso, declaró vía Twitter que “ese era el tratamiento normal de los delitos tributarios”.

    Los casos

    En febrero de este año, la Fiscalía de Puerto Montt logró acreditar la evasión de impuestos ejercida por René León Ceballos, quien registró en el libro de compras y ventas de su empresa dos facturas falsas. Por esta razón, fue condenado a 4 años de presidio menor en su grado máximo.

    Sobre los montos, se informó que los formularios en cuestión pertenecían a dos presuntos proveedores de productos para su negocio, avaluándose la estafa en alrededor de 2 millones 300 mil pesos.

    En tanto, un mes antes, en enero de este año, el octavo juzgado de Garantía de Santiago ratificó una salida alternativa para el senador UDI, Iván Moreira, investigado en el marco del Caso Penta, luego que la defensa del parlamentario aceptara las condiciones propuestas por Fiscalía, esto es, la fijación de un domicilio y el pago de $35 millones de pesos al Fisco.

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