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    Si el Ejecutivo y la Presidenta Bachelet no actúan antes de irse, habrán cometido un error político de profunda envergadura”, señaló el senador Alejandro Navarro, ante la renuncia de los Fiscales de Alta Complejidad Oriente, Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, en desacuerdo a la salida que beneficia a Iván Moreira, quien evitará un juicio oral por recibir financiamiento electoral para su campaña, a cambio de una multa de $35 millones.

    El legislador por la Región del Biobío recordó que, “Sebastián Piñera salió libre de polvo y paja, luego que Manuel Guerra cerró la investigación en su contra por el caso Exalmar, en el marco de una presunta negociación incompatible y uso de información privilegiada, mientras se desarrollaba el juicio entre Chile y Perú en la Haya, pese a que no citó a declarar a la periodista del Financial Times, Jude Webber, autora del artículo donde Piñera admite haber tenido un Terminal Bloomberg en La Moneda.

    Y solo hace unos días”, prosiguió, “el mismo Guerra anunció que Iván Moreira, quien ganó una elección gracias al dinero fraudulento de un grupo económico como Penta, quedará libre, sin juicio, con una multa de 35 millones de pesos”.

    De acuerdo al parlamentario, “lo que ha sucedido es grave, por cuanto los delitos han existido: las situaciones de los casos Penta y SQM han hecho un daño incomparable a la política, han dañado al Poder Ejecutivo, al Legislativo y ahora al parecer va a generar daños colaterales inconmensurables en el propio Ministerio Público.

    Por ello”, continuó, “las consecuencias de la renuncia de los Fiscales Gajardo y Norambuena van a marcar un antes y un después del propio Ministerio Público y abren una nueva arista política, pues cabe preguntarse, ¿que se busca con la limitación a la investigación en estos mediáticos casos? ¿y por qué no existe un mecanismo que resuelva las controversias dentro de la Fiscalía en sucesos especiales como estos, que sin duda van más allá de una mera investigación policial?”.

    Para Navarro, “la ciudadanía recibió las resoluciones del Fiscal Guerra como decisiones políticas, que no fueron independientes, autónomas, ya que más allá de sus relaciones personales con el sector político más investigado en estos casos, que es la derecha, pues su esposa fue socia de los abogados de SQM, lo que no es un juicio anticipado, si genera dudas y un cuadro insostenible para el Ministerio Público”.

    Por ello, la renuncia de los fiscales viene a ratificar la naturaleza de dichas decisiones, ya que lo que más enoja a la gente, es que tras todos los casos en donde Soquimich, Corpesca o Penta han estado involucradas financiando a políticos, y luego de que el mismo Fiscal Nacional, Jorge Abbot, dijese que en casos tan relevantes como el de Moreira, se debiese privilegiar un juicio oral para obtener la mayor cantidad de penas, Manuel Guerra decidiese de todas formas terminar con la investigación”, agregó.

    Según el legislador por la Región del Biobío, “esto lo han interpretado los fiscales Gajardo y Norambuena, quienes en desacuerdo a como se están llevando las investigaciones y a las decisiones de Guerra, renunciaron al Ministerio Público”.

    “Pues ambos fiscales actúan de forma consecuente, en concordancia con la rabia y desazón existente en la sociedad chilena, ya que es injusto y se sigue perpetuando la impunidad para algunos, cuando políticos o empresarios logran evitar la cárcel y solo se les aplican multas, mientras a gente común y corriente se le envía a un centro penitenciario sin posibilidad de juicios abreviados o multas”, enfatizó.

    Alejandro Navarro finalizó señalando que “por casos como estos es que ha seguido el gran distanciamiento entre la ciudadanía y la clase política, pues la gran mayoría de los chilenos y chilenas siente que con decisiones como las de Guerra, sigue la impunidad para unos pocos, siguen las multas, las clases de ética, mientras para el pueblo, para la gente pobre, siempre hay cárcel al final del camino”.

    Por ello espero que esto provoque una revisión completa, que en mi opinión, no está en condiciones de hacerla el propio Ministerio Público, aquí va a tener que intervenir el legislativo. Pero no puede ser el próximo gobierno, el que se encuentra al centro de la controversia, de la investigación, quien determine que se hace en estos casos. Debe ser ahora, antes que Michelle Bachelet deje su cargo, o se habrá cometido un grave error político”, sentenció el senador por la Región del Biobío.

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