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    El Primer Juzgado Civil de San Miguel condenó al Fisco a pagar $18 millones de pesos a cuatro personas, tras acreditar anomalías en varios allanamientos realizados por Carabineros en La Legua. En el proceso judicial fue fundamental la labor realizada por la Clínica Jurídica de Interés Público y DD.HH. de la U. Diego Portales, dirigida por el profesor Cristián Riego.

    El pasado 27 de abril de 2017 se interpuso una demanda de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile, representando a 10 personas que viven la Legua, tras sufrir dos allanamientos ocurridos en 2015 (uno el 23 de agosto y otro el 27 de noviembre), alegando irregularidades de los policías en los operativos.

    Según la sentencia del juzgado del 19 de noviembre de 2018 -en el allanamiento del 23 de agosto de 2015- “es un hecho acreditado que Carabineros de Chile efectuó un allanamiento en el mes de agosto del año 2015 en la Población Legua Emergencia, específicamente en el domicilio de la demandante Violeta Rojas, procedimiento policial en el que los efectivos se encontraban encapuchados y sin sus respectivas identificaciones, sufriendo el inmueble destrozos en su interior. Al efecto cabe señalar que la parte demandada no se pronunció sobre este aserto, desconociéndose con exactitud la causa que motivó el allanamiento efectuado en dicha data”.

    El tribunal determinó que se probó que los efectivos policiales se presentaron sin su identificación y que tenían cubierta la cara de manera que solo era posible ver sus ojos lo que “a juicio de esta sentenciadora constituyen falta de servicio en el caso en concreto, pues el personal de Carabineros de Chile no se encuentra facultado para realizar allanamientos sin presentar su identificación, ni menos para actuar embozados o encapuchados, ni aún en contextos de supuesta flagrancia”.

    Así, se obligó a pagar a Violeta Rojas la suma de $5 millones; al hijo de ella, de iniciales L.M; y a dos nietos, de iniciales Y.A y M.A, $3 millones.

    Sobre el segundo allanamiento, del 27 de noviembre, el tribunal estableció que “Carabineros de Chile efectuó un allanamiento en el mes de noviembre del año 2015 en la Población Legua Emergencia, específicamente en el domicilio de la demandante Katherine Venegas, inmueble cuyo menaje sufrió destrozos, tal y como se desprende del testimonio conteste de las tres testigos presentadas por la parte demandante” y que “existió, según los antecedentes disponibles, una actuación ilícita por parte del ente policial”.

    El Tribunal estableció que era falta de servicio porque “Carabineros procedió de manera violenta y arbitraria a registrar el inmueble, causando daños al mobiliario y dejando las pertenencias de la familia desordenadas en el suelo” y que “al no encontrar nada al interior del domicilio y sin detener a ninguna persona, los funcionarios policiales procedieron a retirarse del lugar”, entre otras razones.

    El fallo dice que se “constituye una falta de servicio en el caso en concreto, lo que es una manifestación evidente de un funcionamiento deficiente del servicio, pues en este aspecto cabe recordar que lo ilegal siempre lleva el sello de la culpa, tornando tal actividad en ilícita, imputación que se condice con el factor de atribución de responsabilidad falta de servicio”.

    Para la víctima de este allanamiento, Katherine Venegas, se determinó que el Fisco le pague $4 millones.

    Foto Portada: Referencial

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