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    La Mesa Nacional del Frente Amplio se refirió en un comunicado público a la “vulneración de los derechos esenciales de los trabajadores y las trabajadoras del de sector público, en todas las modalidades de contratación”, por parte del Gobierno, situación que -dicen- implica despidos de funcionarios a contrata y a trabajadoras/es a honorarios que cumplen funciones habituales y permanentes para el funcionamiento de los servicios públicos y que atienden diversos aspectos de la sociedad, con la excusa de que se trata de “operadores políticos”.

    “El Frente Amplio solidariza con los/as trabajadores/as del Estado y advierte que no tolerará despidos injustificados que afecten la estabilidad de funcionarios y funcionarias que tienen años de servicio público y que hoy se encuentran amparados/as por la jurisprudencia que ha sentado la Corte Suprema, obligando al Gobierno a actuar dentro de un Estado de Derecho, con pleno respeto a los derechos humanos, especialmente los laborales”, indica el texto.

    Desde el conglomerado señalaron que se mantendrán “atentos a toda gestión del Gobierno que vulnere los derechos fundamentales de sus trabajadores/as, adoptando acciones concretas en su defensa, sea en nuestro trabajo de comisiones o en sala, y denunciando públicamente estos atropellos a su dignidad, además de hacer uso de las facultades fiscalizadoras que nos otorga la Constitución y las leyes”.

    “El Estado de Chile debe modernizarse en todo su conjunto de legislación, terminando con la precariedad del trabajo público, en que los/as trabajadores/as del sector público han sido y son el ‘botín de guerra’ de los gobiernos de turno. Un elemento esencial para el desarrollo, eficiencia y modernidad del Estado, es que las trabajadoras y los trabajadores públicos sean considerados trabajadores estatales, diferenciándolos de los funcionarios de gobierno, para lo cual es necesario dotarlos de mayor estabilidad, terminando con la precariedad asociada a la transitoriedad de las contrataciones anuales, dotándolos de mayores herramientas y capacitación, y bajo un sistema de responsabilidad y evaluación de desempeño objetivamente medible y no sujeto a arbitrariedades”, puntualizaron.

    En esta línea, desde el FA llamaron también a las asociaciones de funcionarios públicos que tienen existencia legal, “a ejercer con solidaridad su función de representar los intereses de los/as trabajadores/as del Estado, independiente de su relación contractual, a asesorarlos técnica y jurídicamente en defensa de sus derechos y su empleo, recurriendo ante la Contraloría de la República o los tribunales competentes para que se respete la ley y la jurisprudencia en materia laboral”.

    “El Estado de Chile no puede seguir siendo un mal empleador ni vulnerar los derechos de los/as trabajadores/s que sirven diariamente al país, mientras, por otra parte, fiscaliza y persigue a empleadores privados que no cumplen con la legislación laboral, excusándose en que las leyes que rigen a un trabajador del sector público de uno privado son distintas”, concluye el texto, firmado por la Mesa Nacional del Frente Amplio.

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