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    Durante la mañana de este 11 de septiembre, parlamentarios y dirigentes del Frente Amplio llegaron hasta el penal Punta Peuco para exigir al Gobierno de Sebastián Piñera el cierre del recinto penitenciario que alberga a condenados por crímenes de lesa humanidad, cometidos en la dictadura cívico militar encabezada por Augusto Pinochet.

    “No más justicia en la medida de lo posible. Se pueden hacer más cosas, se puede hacer más por la justicia, más por la verdad, mucho más por la memoria (…) Él (Piñera) ya hizo declaraciones en su anterior gobierno, habló de los cómplices pasivos, cerré el Penal Cordillera. Entonces, hoy pareciera que hay un retroceso en la mirada sobre nuestra memoria”, señaló Beatriz Sánchez, ex candidata presidencial del conglomerado.

    Además del cierre de Punta Peuco, los frenteamplistas propusieron otras cuatro medidas “para enfrentar la deuda en Chile con los derechos humanos”. En este sentido, se inclinaron por impedir beneficios carcelarios para criminales de lesa humanidad, mediante una ley que actualiza los requisitos para optar a ese tipo de medidas.

    También plantearon “proteger la memoria histórica”, a través de “ley contra el negacionismo e incitación a la violencia” y del impulso a “políticas de conservación y recuperación de los sitios de memoria y todos aquellos lugares que fueron recintos de reclusión, tortura y de desaparición de personas”.

    Un proyecto de ley para la desclasificación de los archivos relativos a los crímenes de la dictadura, incluyendo los generados por las comisiones Rettig y Valech, es otra de las ideas del Frente Amplio, así como la derogación de la Ley de Amnistía.

    “Nos comprometemos con nuestros parlamentarios a apoyar las medidas que durante años las agrupaciones, los familiares y el mundo social organizado ha venido exigiendo para poder asegurar justicia y terminar con la impunidad, porque esa es la única manera de que podamos llegar a gozar de una democracia plena”, afirmó Jaivera Toro, vocera del conglomerado.

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