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    El Frente de Trabajadores Penitenciarios de Chile levantó el paro que mantenía desde hace cinco días para exigir mejoras laborales, tras alcanzar un acuerdo, la madrugada de este viernes, con el Gobierno del presidente Sebastián Piñera.

    En un comunicado, informaron que en representación del Ejecutivo chileno acudió el ministro de Justicia, Hernán Larraín. El Frente estuvo liderado por la ANFUP (Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios), la ANOP (Asociación Nacional de Oficiales Penitenciario), la ADIPGENT (Asociación de Directivos, Profesional, Técnicos, Administrativos y Auxiliares de Gendarmería), la ANSOG (Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmeria) y la AGECH (Asociación de Gendarmes de Chile).

    “Con este acuerdo, el frente de trabajadores penitenciarios (…) depuso el paro que ya se mantenía por cinco días y que contaba con el apoyo mayoritario de las bases a nivel nacional, además de la Agrupación de Empleados Fiscales (ANEF) y todas sus organizaciones integrantes”, acotaron.

    También, destacaron que distintas organizaciones internacionales latinoamericanas de policías y penitenciarios apoyaban las justas reivindicaciones de los gendarmes.

    “ANFUP reconoce el apoyo de los distintos parlamentarios que, desde el inicio, han fortalecido el movimiento de los trabajadores penitenciarios, comprometiendo la defensa de los gendarmes en momentos álgidos y duros de esta lucha, como es el caso del senador Alejandro Navarro“, expresaron en el texto.

    Aclararon que el acuerdo empeña la palabra del Jefe de Estado y es “el primer paso de una iniciativa de ley que debería ingresar a la discusión parlamentaria en enero de 2019”.

    El Ministro y los representantes de las organizaciones suscribieron el acuerdo. Foto: Agencia Uno.

    Los 12 puntos del acuerdo

    Son 12 los puntos que contempla el acuerdo. Entre ellos, regular tanto el ingreso a la carrera como el egreso de ella, “con el objeto de no repetir el crecimiento inorgánico de las dotaciones, por una parte, y evitar que en la parte superior de la carrera se genere un estancamiento”.

    Además, se fijó, a partir de 2019, un incentivo al retiro para ambas plantas que, en el plazo de cuatro años, permita que 100 funcionarios de la Planta I y 1.000 de la Planta II, puedan adelantar su retiro de la carrera.” Dicho incentivo ascenderá a 900 Unidades de Fomento (UF) por funcionario“.

    El incentivo se aplicará para aquellos funcionarios que registren fecha de ingreso al Servicio entre los años 1991 y 1998. Además, se establecerán cupos anuales en cada planta. Por otro lado, se establecerán mecanismos que permitan la generación de ascensos sin requisitos.

    Sobre la carrera funcionaria de aquellos no uniformados del servicio se implementarán las siguientes medidas:

    • A partir de 2019, un incentivo al retiro para la Planta III que, en el plazo de cuatro años, permita que 182 funcionarios puedan adelantar su retiro de la carrera.
    • Con el objeto de contribuir a una mayor estabilidad de la carrera funcionaria, se crearán cargos nuevos en la planta. Para tal efecto, se considerará una aplicación gradual, con un aumento del gasto en régimen de 1.500 millones de pesos anuales. La medida comienza su aplicación desde 2019 y alcanza el régimen en 2023.
    • Se implementará un programa anual entre 2019 y 2024 que permita cursar ascensos, promociones e ingresos en las vacantes que se vayan generando en la planta, a través de concursos internos para funcionarios a contrato del Servicio, siempre que hayan cumplido cinco años de trabajo en la Gendarmería de Chile. A partir de 2025, se procederá conforme a las reglas generales del Estatuto Administrativo.

    Los otros puntos del acuerdo comprenden la implementación, a partir de 2020, de un nuevo sistema de formación para el ingreso, en el contexto de la nueva ley de educación superior y, en esa línea, se homologará el número de funcionarios a la entrada de dichas plantas.

    Asimismo, se creará la Unidad de Defensa Funcionaria, bajo el alero de la Unidad de Fiscalía de la Dirección Nacional, para que se aboque a ejecutar, de modo particular y exclusivo, las labores de defensa judicial de los funcionarios.

    Además, se revisarán los procedimientos de seguridad de los funcionarios, se invertirán 2.000 millones de pesos adicionales a la ley de presupuesto de 2019 en mejoras de condiciones de habitabilidad y se reforzará al equipo de Gestión de Personas.

    El compromiso suscrito es que estas medidas se formalizarán a través del correspondiente proyecto de ley que ingresará al Congreso Nacional, “a más tardar en enero de 2019”.

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