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    Hasta la sede de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Santiago llegaron representantes de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) y trabajadores a honorarios del Estado, para interponer una queja por “violación de libertades sindicales”, luego numerosos despidos de dirigentes, concretados en los últimos meses por la administración de Sebastián Piñera.

    Los afectados por los despidos representan a organizaciones sindicales de trabajadores a honorarios. Como el Estado no reconoce un vínculo laboral con este tipo de funcionarios, tampoco reconoce derechos laborales básicos, entre ellos el fuero sindical.

    Los denunciantes explican que este resquicio es utilizado por parte de autoridades de gobierno para despedir dirigentes y así atentar contra la organización de los trabajadores a honorarios, aun cuando los sindicatos están legalmente constituidos y son reconocidos como interlocutores válidos por parte de las mismas autoridades.

    A fines de 2018, y en el contexto de una ola de despidos en el Estado central, fueron despedidos sin causa justificada nueve dirigentes sindicales, de las cuales seis son mujeres y una de ellas se encontraba en período de fuero maternal, lo que agrava aún más la situación.

    Los trabajadores sostienen que estos despidos contradicen las obligaciones que el Estado chileno ha contraído al ratificar los convenios N°87, 98 y 151 de la OIT.

    “Estos despidos tan arbitrarios y discrecionales golpean a los trabajadores más precarizados de nuestro país”, señala Jimena Aguirre, directora de la ANEF. La dirigenta señala además que se han visto “en la obligación de presionar a nivel internacional y de presentar una queja a la OIT”, mediante la cual esperan que “el Gobierno sea llamado a dar cuenta de la situación que están viviendo los trabajadores a honorarios”.

    Leslie Maxwell, trabajadora despedida y vicepresidenta el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores a Honorarios del Ministerio de Educación, sostuvo que las desvinculaciones constituyen “una práctica de persecución sindical y una práctica de amedrentamiento con la organización de trabajadores/as que tienen que luchar por sus derechos”.

    “Esta es una queja  que viene a refrendar la necesidad de que el Gobierno se haga cargo de los tratados internacionales a los cuales esta suscrito, pero también que ponga en el centro la situación de precariedad laboral de miles de trabajadores a honorarios de todo Chile”, añadió.

    En tanto, Elizabeth Maulen, vicepresidenta del Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores a Honorarios del Programa Nacional de Fiscalización del Ministerio de Transportes, señaló que, “a pesar de todas las insistencias, los resultados son hasta hoy no apropiados y se nos ha negado la reincorporación al Ministerio, por situaciones antojadizas y que yo considero que son de discriminación. Lamento hasta el día de hoy que la ministra (Gloria Hutt) no quiera dialogar, no escuche razones y tampoco entienda el sentido de los dirigentes, la labor que tenemos de representar a los trabajadores”.

    La trabajadora sostiene que su despido “es una consecuencia a propósito de una acción judicial que presenté para solicitar la modificación del horario de alimentación de mi hija, que es menor de dos años”.

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