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    Un informe desarrollado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) constata “la falta de proporcionalidad en el uso de la fuerza por parte de Fuerzas Especiales (FF.EE)” de Carabineros, en relación al control del orden público en manifestaciones, durante el año 2017.

    De acuerdo al informe sobre Función Policial y Orden Público de 2017, revelado por La Tercera, el año pasado se registraron 3.594 manifestaciones en Chile, de los cuales, 22 fueron observadas por el organismo. De estas últimas, en 21 se advirtió la presencia de Carabineros y en 13 la de FF.EE, aspecto que, según el INDH, “implica un excesivo control policial en contextos de manifestación, donde el foco de la acción policial debería ser puntual y aislado, no preventivo y general”.

    En cuanto al uso de gases lacrimógenos, el estudio aclara que “se registró en 11 de las manifestaciones (…) esto equivale a un 50% respecto de las 22 manifestaciones observadas, lo que significa una disminución proporcional del uso de gases lacrimógenos respecto a los años anteriores”.

    Por otro lado, en tres manifestaciones, la represión fue iniciada por FF.EE y en Santiago se registraron dos detenciones efectuadas mediante el uso desproporcionado de la fuerza.

    Abuso contra pueblo Mapuche

    Otro de los capítulos de la entrega del INDH aborda la actuación policial en el contexto del conflicto entre el Estado mapuche y las comunidades mapuche con reivindicaciones políticas y territoriales. Al respecto, se constata la ocurrencia de “hechos constitutivos de abusos policiales contra el pueblo mapuche y, de los casos denunciados y/o de los que se ha tomado conocimiento durante el período correspondiente a 2017, varios afectan los derechos niños/as mapuches”.

    En 2017, el organismo de DDHH presentó 12 querellas y siete recursos de amparo denunciando vulneraciones de derechos por parte del personal uniformado presente actualmente en la zona mapuche. En cinco de estos casos, hay niños involucrados en los hechos. A su vez, la entidad da cuenta de una “lentitud” en las investigaciones penales, además de la carencia de programas especializados en reparación.

    En otro aspecto incluido en el informe, la Policía de Investigaciones (PDI) informó que, en 2017, hubo 17 funcionarios denunciados por apremios ilegítimos, torturas, abuso y detenciones ilegales, versus los 86 contabilizados en 2016. Carabineros, por su parte, informó 34 casos (12 en 2016) que involucran a 51 funcionarios por violencia innecesaria, abuso de autoridad, apremios ilegítimos, detenciones arbitrarias y torturas.

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