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    La Corte de Apelaciones de Valdivia condenó al fisco a pagar una indemnización total de $3.810 millones a las viudas e hijos de 17 trabajadores agrícolas pertenecientes al sindicato campesino “La esperanza del obrero”, del Complejo Maderero y Forestal Panguipulli, que fueron ejecutados y desaparecidos por agentes del Estado en 1973, en el sector Baños de Chihuío, de Futrono.

    En fallo unánime, la Primera Sala del tribunal de alzada -integrada por los ministros Mario Julio Kompatzki, María Soledad Piñeiro y el abogado (i) Juan Carlos Vidal- desechó el recurso de apelación presentado por el Consejo de Defensa del Estado, en representación del fisco, que buscaba dejar sin efecto la resolución de primera instancia, dictada en diciembre de 2017 por juez Edinson Lara, del Primer Juzgado Civil de Valdivia.

    La resolución señala que “por tratarse de una causa de indemnización por daño provocado por agentes del Estado, que cometieron graves violaciones a los derechos humanos, la legislación aplicable es aquella contenida en Tratados y Convenciones Internacionales y no en la legislación interna, sin que resulte admisible recurrir entonces a las normas de los artículos 2514 y siguientes del Código Civil, con lo cual la acción intentada por los actores tiene el carácter de imprescriptible”.

    Sobre el monto a pagar por el Estado, la resolución especifica que “los juicios por indemnización del daño proveniente de delitos de lesa humanidad poseen ciertas características que los hacen especiales y los distingue de aquellos que provengan de un daño común”.

    “El daño en cuestión se ha prolongado por todos estos años y con un carácter de permanente como lo refieren los informes sicológicos, unida a la desgracia ocurrida con sus familiares directos y el sufrimiento por los sucesos en que acaeció la violación a los derechos humanos”, subraya el fallo.

    “Se suma el efecto social y económico que le provocó la desaparición o muerte de la víctima, quienes salvo excepciones eran jefes de hogar y proveedores materiales en consecuencia de sus familias, de condición pobres, quienes quedaron además del sufrimiento moral sumidos en desamparo material, lo que les significó quedar sometidos a cuadros de pobreza y precariedad absoluta, como lo demuestra la prueba rendida“, agrega el texto.

    Recordemos que el caso Chihuío se refiere al operativo militar realizado por efectivos de los regimientos “Cazadores” y “Maturana” de Valdivia, quienes el 7 de octubre de 1973 realizaron un recorrido por los lagos Futrono, Maihue y Ranco, pasando por las localidades de Llifén, Arquilhue, Curriñe y Chabranco, hasta llegar a Chihuío.

    Durante el trayecto, los militares detuvieron a 17 trabajadores agrícolas, pertenecientes al sindicato campesino “La esperanza del obrero” del Complejo Maderero y Forestal Panguipulli, a partir de una lista confeccionada y entregada a los militares por una persona particular.

    El recorrido culminó la noche del 9 de octubre, en la casa patronal del fundo, lugar en que los trabajadores fueron trasladados al sector de Baños de Chihuío, donde los ejecutaron. Días después, los restos de los trabajadores fueron sepultados ilegalmente en el mismo sitio en dos fosas distintas.

    Posteriormente, en 1978 y en el marco de la “Operación Retiro de Televisores”, se realizaron exhumaciones clandestinas con el objetivo de hacer desaparecer las evidencias del caso. En este contexto y de acuerdo a la investigación desarrollada por la justicia, militares de civil retiraron los restos de los trabajadores, haciendo desaparecer sus cuerpos lanzándolos al mar.

    Fuente: La Nación

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