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    El proyecto que modifica la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores se encuentra en Contraloría para su revisión, luego de la firma del presidente Sebastián Piñera. Eso afirmó el ministro de Economía, José Ramón Valente, quien advirtió además que luego del paso por el Tribunal Constitucional, la iniciativa es susceptible de interpretaciones, por lo que la entidad fiscalizadora deberá zanjar las discrepancias frente a la nueva normativa, según apuntó el secretario de Estado a El Mercurio.

    El camino del proyecto que pretendía fortalecer al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) y dotarlo de nuevas facultades tuvo un tropiezo de proporciones en su paso por el Tribunal Constitucional (TC), instancia que realizó el control de constitucionalidad respectivo, aunque luego de un “téngase presente” que hizo llegar la Cámara Nacional de Comercio (CNC) al órgano jurisdiccional.

    El 18 de enero, el TC dio a conocer la sentencia respecto del proyecto de ley, confirmando lo que había trascendido previamente: el retiro de las facultades normativa y sancionatoria que la iniciativa pretendía entregar al servicio público.

    Si bien en diciembre no se conocía el contenido del fallo, sí se conocían las orientaciones que tomaría la resolución del TC. Con base a esos antecedentes, el ex director del Sernac, Ernesto Muñoz, advirtió a El Ciudadano que “para los consumidores, se debilita el sistema de protección, porque la facultad sancionatoria apunta a tener sanciones que se aplican de verdad y sanciones que sean disuasivas, de manera tal que nunca salga más barato incumplir la ley”.

    “Los ciudadanos estaríamos perdiendo”

    “El TC escuchó más a los empresarios que a la ciudadanía”, piensa Esmeralda Muñoz, presidenta de la Asociación Nacional de Funcionarios del Sernac, aludiendo a la “triquiñuela” que realizó la CNC frente al proyecto de ley. “Finalmente, el TC se prestó para que los empresarios consiguieran lo que querían”, plantea la dirigenta.

    A pesar del malestar que generó en los funcionarios el polémico fallo, Esmeralda reconoce ciertos avances en el texto resultante, como una fiscalización que -dice- “va a ser dura” y beneficios para las asociaciones de trabajadores del servicio.

    Sin embargo, la dirigenta sostiene que “respecto de lo que ya tenemos, el Estado y los ciudadanos estaríamos perdiendo, porque si el fallo queda tal cual, como fue mucho más allá de sus atribuciones, de aquí a nueves meses más el Sernac no podrá acoger ningún tipo de reclamo de la ciudadanía, es decir, vamos a dejar de atender público, parte del corazón de lo que siempre hemos hecho y de lo que la gente espera –llegar al Sernac, ser escuchado y defendido–. Eso es lo más grave”.

    Esta fue una de las observaciones que Ernesto Muñoz realizó luego de conocerse la sentencia del TC. Al día siguiente de difundirse la resolución, el ex director del organismo explicó que “se pone en entredicho la actual atribución de recibir reclamos de los consumidores y transmitirlos a los proveedores para encontrar una solución voluntaria, función básica del Servicio hoy. Además el Sernac tampoco podrá realizar conciliaciones entre proveedores y consumidores, herramienta que tenía como objetivo, llegar a soluciones rápidas y efectivas sin tener que acudir a los tribunales de justicia”.

    En tanto, la representante de los funcionarios precisa que “al sacar la atribución que teníamos respecto del tema de la conciliación, también sacó la atribución que actualmente tenemos de acoger reclamos, de conciliar a las partes. Entonces, lo que no podríamos hacer ahora, si eso se ratifica, es que no vamos a poder acoger más reclamos y la ciudadanía ya no tendría un Sernac que le pueda ayudar, resolver y mediar conflictos o reclamos con el comercio”.

    La opción de la “ley corta”

    Esmeralda Muñoz cuenta que los funcionarios realizaron una asamblea en la que decidieron que “si este fallo [NdR: se refiere a la revisión que realiza Contraloría] sale en estas condiciones, vamos a defender que se reponga, a lo menos, esta facultad que tenemos hasta el día de hoy, de atender a la ciudadanía, acoger sus reclamos y tramitarlos, puesto que si el fallo se ratifica tal cual está, no podríamos hacerlo”.

    En la conversación que tuvo con El Ciudadano en diciembre de 2017, el ex director del Sernac evaluaba un escenario como el gestado tras el fallo del TC y la posibilidad de impulsar una “ley corta” para reponer los aspectos excluidos del proyecto.

    Ernesto Muñoz decía que si el fallo “cuestiona incluso las facultades que actualmente tenemos, evidentemente vamos a estar forzados a volver al parlamento, con una ley corta para modificar, siguiendo en ese caso, lo que el fallo establezca, lo que se quitó, porque evidentemente no podemos pasar de un esquema de fortalecimiento de la protección de los derechos del consumidores a un debilitamiento”.

    Una opción que los funcionarios miran con buenos ojos. “Pensamos que si efectivamente el proyecto sale como está ahora y la nueva dirección tiene la decisión de reponer las atribuciones y modificar el proyecto con una ley corta, nosotros vamos a estar plenamente disponibles, nos parece una buena alternativa para subsanar el perjuicio que hubo”, subraya Esmeralda Muñoz.

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