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    Desde septiembre de 2017, rige en nuestro país la Ley de Interrupción del Embarazo en las causales de riesgo de vida de la madre, inviabilidad fetal y violación. Hoy, a más de un año de la puesta en marcha de esta legislación, y según datos entregados por 65 de los 69 hospitales públicos a La Tercera, vía Ley de Transparencia, se han registrado 535 procedimientos en total.

    En el detalle, se informó que 277 fueron por riesgo maternal, 165 por inviabilidad fetal y 93 por la causal de violación. Otro dato relevante es que, de todos estos casos, 45 atenciones correspondieron a menores de 18 años, siendo 32 por el delito de violación. La mitad de las solicitudes correspondieron a niñas de hasta 14 años.

    Estas 45 interrupciones de embarazo en adolescentes representan el 88 por ciento de las peticiones, ya que el en el 12 por ciento restante, no se les permitió acceder al procedimiento, debido a que los antecedentes presentados por las menores para acreditar la violación fueron rechazados. También se reportaron nueve embarazos producto de violaciones que las mujeres rechazaron interrumpir.

    Al respecto, Francisca Crispi, presidenta de la Comisión de Género del Colegio Médico, declaró al matutino que “se ve una implementación débil. La cifra es mucho menor a la esperada por el Ministerio de Salud (Minsal), que estimó unas 2.500 interrupciones al año. Creemos que se debe a que el foco ha estado en proteger a las instituciones objetoras, flexibilizando la objeción de conciencia, por sobre proteger el derecho de las mujeres a decidir. Es necesario que el Estado adquiera un mayor compromiso para que ninguna mujer quede fuera”.

    Por su parte, Claudia Dides, académica de Salud Pública de la Usach, alertó por la falta de capacitación en las unidades de Alto Riesgo Obstétrico: “No ha habido capacitación continua, no existe difusión y falta información sobre las prestaciones a las que se puede acceder. Además, en algunos hospitales no están implementados los psicólogos y trabajadores sociales, que eran parte de la ley para el acompañamiento de las mujeres”.

    Dides agregó que las diferencias por la objeción de conciencia institucional conflictuaron la legislación: “Es un tema no resuelto, lo más probable es que termine en la Corte Suprema o en la Iberoamericana. Ahí hay una tensión y no fue una buena medida por parte del Tribunal Constitucional”, concluyó Dides.

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