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    Londres 38, espacio de memorias, emitió un pronunciamiento rechazando el rol que se ha atribuido el Tribunal Constitucional, advirtiendo que no solo modifica arbitrariamente las decisiones del Poder Legislativo en materia de educación, sino que también obstaculiza la labor de los tribunales paralizando los procesos por crímenes de lesa humanidad.

    Denuncian que más de 30 causas judiciales por casos de delitos de lesa humanidad, cometidos en dictadura, han sido paralizadas por mandato del Tribunal Constitucional durante los últimos tres años, y al menos cinco de estos casos, correspondientes a asesinatos y desapariciones de la provincia del Ñuble, se encuentran actualmente detenidos hasta por más de 9 meses.

    “Los acusados se amparan en la figura de la acción de inaplicabilidad por inconstitucional, figura incorporada en la reforma de 2005 -de Ricardo Lagos- a la Constitución de 1980. Alegan falsamente el atropello de su derecho al debido proceso y aunque hasta ahora los requerimientos han sido rechazados, esta maniobra les ha permitido dilatar los procesos hasta por un año”, señala Londres 38.

    La acción del Tribunal Constitucional ha permitido interrumpir los procesos judiciales. “Está íntimamente relacionada con lo ocurrido esta semana con el mismo Tribunal y su objeción al artículo de la ley que impedían el lucro en las universidades, a pesar de que el debate público y la discusión parlamentaria ya habían concluido con su aprobación”, se plantea en el documento.

    A juicio de Londres 38, “esto es evidencia de que el Tribunal Constitucional, con las atribuciones que la Constitución heredada de la dictadura le otorga, niega y anula los procesos legislativos a través de un ejercicio abiertamente antidemocrático, definiendo nuestros derechos y sancionando lo que se permite y lo que se investiga en los tribunales de este país, afectando así el desarrollo y la autonomía de los poderes legislativo y judicial”.

    Agregan que apoyan y solidarizan con las organizaciones de derechos humanos del Ñuble, que recientemente se reunieron con el Tribunal Constitucional, y rechazan “el manto de impunidad con que el Tribunal Constitucional encubre los crímenes de la dictadura, obstaculizando el establecimiento de la verdad y de la justicia, que exigimos desde hace más de 40 años”.

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