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    Después de Valparaíso, la Región de Los Lagos, junto con la de Atacama, es la que presenta la mayor cantidad de conflictos socioambientales del país, la mayoría, por proyectos vinculados a la generación de energía eléctrica y al tratamiento de desechos domiciliarios y aguas servidas.

    De acuerdo al informe elaborado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), denominado “Mapa de conflictos socioambientales en Chile”, 11 casos de esta naturaleza están radicados en las provincias de Osorno, Llanquihue y Chiloé, manteniendo en alerta a las distintas comunidades de dichas zonas.

    Los casos descritos en la zona por el INDH son: Central Hidroeléctrica Osorno, contaminación del río Damas y Rahue, contaminación del lago Llanquihue (con materia fecal), amenazas a la conservación del sitio arqueológico Monte Verde, el tratamiento de aguas servidas en Panitao, la Central de Pasada Mediterráneo, la Central Hidroeléctrica El Gato, el Parque Eólico Chiloé, el relleno sanitario Chiloé, la línea de transmisión Chile – Gamboa y el derrame de pintura que afectó al lago Huillinco.

    En el caso de los proyectos de energía, el derecho humano involucrado que predomina es el de los “pueblos originarios y tribales”. La excepción la marca el caso de la Central Mediterráneo, donde se afecta el “derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos”. Los restantes eventos son categorizados en el marco de los derechos humanos relativos a la salud y a vivir en un entorno libre de contaminación. En cuanto al estado de los citados conflictos, siete están activos y cuatro permanecen latentes.

    Para recopilarlos, el INDH los definió como disputas entre diversos actores -tales como personas naturales, organizaciones, empresas públicas y privadas, y el Estado-, manifestadas públicamente y que expresan divergencias de opiniones, posiciones, intereses y planteamientos de demandas por la afectación (o potencial afectación) de derechos humanos, derivada del acceso y uso de los recursos naturales, así como por los impactos ambientales de las actividades económicas.

    Entre los criterios utilizados para identificar estos problemas se encuentra su carácter de controversia pública entre dos o más actores identificables, la existencia de acciones (recursos judiciales, protestas, cartas públicas, etc.) para hacer prevalecer sus intereses o visibilizar sus posiciones y la disponibilidad de al menos un registro del conflicto en algún medio de comunicación.

    Para la directora del Indh, Consuelo Contreras, “el Mapa de Conflictos es una llamada de atención a la sociedad en general respecto de los conflictos socioambientales, desplegados de una manera amigable, para visibilizarlos, para que las comunidades, los investigadores, la prensa, y otras instancias puedan conocerlos y darles seguimiento”.

    En ese sentido, a nivel nacional, en el Mapa se despliegan 63 conflictos activos, 30 latentes y 23 cerrados, cuyas causas son: lugar de la explotación o exploración,  80 casos; residuos, emisiones e inmisiones: 49 casos; uso y/o contaminación de recursos naturales, 17 casos.

    Asimismo, los principales sectores productivos asociados a los conflictos son: energía: 56 casos; minería: 45 casos; pesca y acuicultura: 7 casos; forestal: 5 casos; y agropecuario: 4 casos.

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