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    El Colegio de Matronas reiteró su rechazo al dictamen de la Contraloría que instruye la derogación de la Norma 21, el reglamento que entrega exclusividad a la matronería para ejercer en las áreas de ginecología, obstetricia y neonatología.

    Ante esto, desde el gremio advirtieron una “inminente crisis en las unidades de obstetricia, ginecología y neonatología” si se aplica el dictamen del órgano contralor. Mediante un comunicado, la presidenta nacional de las matronas, Anita Román, anunció que si el Ministerio de Salud efectivamente decide aplicar el dictamen de la CRG, sus representados dejarán sus puestos apenas se concrete la medida.

    “Hemos sabido de gestiones que pretende hacer el Minsal para aplicar el dictamen de Contraloría, aunque el plazo determinado vence en octubre. Desde ya le advertimos al ministro Emilio Santelices que al minuto uno, después de aplicado el dictamen, nuestras matronas y matrones dejan sus funciones en ginecología, obstetricia y neonatología de consultorios y hospitales públicos de Arica a Magallanes”, declaró Román a radio Bío Bío.

    “Sin duda esto va contra toda lógica y sentido común, pues tampoco podremos ver situaciones que son habituales hoy en nuestra profesión, como la prevención de la transmisión vertical del VIH y sífilis; prevención, diagnóstico y tratamiento de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) o incluso la atención de víctimas de violencia sexual. Pero eso hace el dictamen, nos deja fuera y nos obliga a marginarnos. Que el Gobierno se atenga a las consecuencias”, sentenció la dirigente.

    A juicio de Román, la medida irá en contra de mujeres y menores, ya que otros profesionales deberán ser capacitados para trabajar con ellos y si eso genera problemas en pacientes, o incluso secuelas, indicó que la responsabilidad la tendrá quien tome la decisión final, no su gremio: “Eso es lo que pretende la Contraloría y lo que estaría aceptando el Gobierno. Lo lamentamos por nuestras pacientes, la gran mayoría de ellas de escasos recursos”, concluyó Román.

    Previamente, la dirigente había declarado que “las enfermeras y enfermeros no tienen la especialización necesaria para suplir las funciones de matronería”, asegurando que, en base al análisis de otros profesionales, la Contraloría habría excedido sus funciones en esta materia.

    Recordemos que el conflicto partió en 2010, cuando el Minsal emanó la Norma N° 21 que regulaba la actividad de la matronería en el sistema de atención cerrada del sector público, la que fue declarada ilegal por la Contraloría General de la República.

    Justamente, las enfermeras cuestionaban dicho documento, pues a su juicio no se ajustaba a derecho, al tratarse de una resolución exenta que no puede contradecir el mandato de una ley o de un decreto con fuerza de ley, como es el caso del Código Sanitario.

    En ese sentido, según indica el artículo 113 de dicho reglamento, la función de Enfermeras y Enfermeros consiste en el cuidado de las personas, hombres y mujeres, durante todo su ciclo vital, es decir, desde que nacen hasta que mueren, estén sanos o enfermos. Así, las enfermeras afirman que pueden perfectamente ejercer en las unidades de Ginecología, Obstetricia y Neonatología.

    En la contraparte, la decisión de la Contraloría fue rechazada por las matronas, acusando que se trata de abrir campo laboral a la cada vez más saturada área de Enfermería.

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