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    Este viernes, la Mesa Acción por el Aborto en Chile protestó en las fueras del edificio del Tribunal Constitucional (TC), en repudio a la decisión del organismo que rechazó el reglamento de objeción de conciencia, y denunciando que esta medida beneficia a los privados y a las clínicas.

    El movimiento, que integran algunas diputadas como Maite Orsini y Camila Vallejo, señaló que el fallo del TC restringe las libertades de las mujeres, obstaculizando el deber del Estado de garantizar las prestaciones.

    Ana Piquer, directora de Amnistía Internacional y directora de la Mesa de Acción por el Aborto en Chile, comentó que la figura de conciencia institucional, no tiene asidero alguno en los sistemas de protección de derechos humanos. “Conciencia tienen las personas, no las instituciones”, sostuvo.

    La agrupación llamó al Estado a que se respete la ley aprobada por decisiones democráticas como el Congreso, recalcando además que las instituciones privadas de salud que reciben aportes públicos, no pueden ser objetores de conciencia y deben responder a las garantías estatales.

    Por su parte, Gloria Maira, ex subsecretaria del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, y una de las voceras de la Mesa, lamentó que en el TC antepongan su “libertad institucional por delante de la responsabilidad del Estado de garantizar que las mujeres tengan acceso a las prestaciones a las cuales tienen derecha”.

    “Una mujer en cualquiera de las 3 causales, además de tener que sobrellevar lo que está viviendo y cumplir con los requisitos que exige la ley, podría tener que pasar por un verdadero ‘puerta a puerta’ para encontrar dónde interrumpir su embarazo, en una carrera de obstáculos que además es contra el tiempo, que sólo la vulnera aún más”, señaló Maira.

    “Avalando estas trabas, el gobierno se vuelve cómplice de la violencia hacia las mujeres ejercida por el mismo Estado”, concluyó la ex subsecretaria.

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