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    Recientemente, durante los períodos como alcaldes de Hernán Pinto (DC) y Jorge Castro (UDI), se celebraron en la municipalidad de Valparaíso cuatro contratos con empresas de estacionamientos y parquímetros, algunos de los cuales fueron firmados hasta 2047.

    Tales acuerdos dejan al municipio menos del 7% de las ganancias anuales de las mismas empresas, que son: Don Javier Sociedad Anónima, en el sector de Plaza Victoria; y el Consorcio Valparaíso S.A, en el sector de Plaza O’higgins, además de los estacionamientos subterráneos de Plaza Sotomayor y Plaza Bellavista.

    Por este motivo, el pasado día 11 de abril se constituyó el Movimiento No Más Parquímetros en Valparaíso, que a través de un comunicado público, expresó su rechazo a estos contratos que menoscaban enormemente el patrimonio municipal de la ciudad, y anunció algunas acciones como un llamado a un masivo “no pago” a los parquímetros y una movilización ciudadana en el plan de Valparaíso, además de una asamblea que será convocada próximamente.

    La declaración indica que la organización surge “frente a las graves informaciones emanadas por parte de la prensa que refieren a las cuantiosas utilidades que actualmente perciben las empresas de parquímetros, y la política implementada tanto por las anteriores alcaldías como por parte de actuales concejales en ejercicio que ha posibilitado un enorme perjuicio financiero tanto para la ciudad como para porteños y porteñas”.

    “El día 11 de Abril nos constituimos como movimiento social de forma abierta, transparente y de cara a la ciudadanía, momento en el cual realizamos un análisis detallado de los contratos, fundamentos, historia y responsables de la actual política de concesión de estacionamientos públicos, dando cuenta de lo permisiva y abusiva que ha sido la misma y lo desfavorable que en su conjunto han resultado para la ciudadanía, concluyendo categóricamente nuestro rechazo inequívoco a dichas políticas y determinando las acciones para detener este tremendo daño a la ciudad”, añade el texto.

    Asimismo, exigieron a las autoridades y ex-autoridades municipales anteriores y en ejercicio, involucradas en la aprobación de los distintos contratos y extensiones con las empresas Consorcio S.A y Don Javier S.A, “a dar cuenta pública respecto de las razones por las cuales se ha beneficiado a la fecha directamente a las empresas aludidas, con una participación grotesca en las utilidades del sistema de parquímetros”.

    Para el Movimiento, algunos de los responsables de esta situación tienen nombre y apellido: “Emplazamos en particular al ex alcalde Jorge Castro y los concejales Marcelo Barraza e Ivan Vuskovic, a que asuman sus responsabilidades políticas y legales según sea el caso, a fin de superar la crisis que afecta hoy a Valparaíso como producto de esta política implementada, que tiene claros indicios de incumplimiento de deberes e incluso corrupción, y que ha ido en directo detrimento de hacia sus votantes y la ciudad”.

    “Igualmente -añadieron- nos resulta profundamente indignante que una de las empresas con contrato vigente, que goza de 35 años de concesión a cargo de 700 cupos de estacionamientos, sea la misma que hoy se cuestione por malversación de fondos públicos y fraude al fisco en la querella presentada por el Consejo de Defensa del Estado. Al respecto hacemos un llamado a la Alcaldía Ciudadana en pleno, a que tome las medidas pertinentes en el marco de sus atribuciones para denunciar, fiscalizar y sancionar las eventuales irregularidades existentes en los distintos procesos de otorgamientos de concesiones, persiguiendo así las responsabilidades personales en todo este proceso de daño intencionado al patrimonio porteño”.

    Finalmente, el Movimiento llamó al alcalde Jorge Sharp y al actual Concejo Municipal a terminar los contratos con las empresas aludidas, y a iniciar “un nuevo proceso de licitación en su reemplazo, en donde se incluya a este movimiento ciudadano como fiscalizador y garante del proceso en sus distintas etapas, dando origen a un nuevo sistema orientado al usuario que reduzca notablemente los costos al usuario, en donde el cobro se realice sobre el uso exacto del mismo, se utilice las nuevas tecnologías, se considere la liberación de pago a zonas estratégicas y de uso fundamental, se tome en cuenta usuarios preferentes, donde los recursos recaudados se destinen tanto en beneficios directos para la ciudadanía como a subsanar las urgencias sociales prioritarias, y finalmente que garantice efectivamente el cumplimiento de condiciones dignas a los trabajadores del sistema”.

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