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  • Los curas involucrados en casos de abusos sexuales o pedofilia, así como también los cómplices y encubridores deben ser procesados ante la justicia, con el objetivo de que estos delitos no queden impunes y los daños a las víctimas sean resarcidos.

    “No basta con arrepentimientos, petición de disculpas ni con las renuncias de los obispos involucrados en hechos delictuales ligados a abusos sexuales, sino que deben ser llevados a los tribunales”, así lo exigió el parlamentario Alejandro Navarro, miembro de la Comisión de Derechos Humanos, quien es autor del Proyecto de Ley que busca obligar a la Iglesia -de cualquier credo religioso- a denunciar los delitos de cualquier índole a la Justicia.

    El legislador recordó que en el año 2010 se reunió con el entonces arzobispo de Santiago, monseñor Francisco Errázuriz, a quien presentó el proyecto y le planteó la necesidad de que esto fuera tratado de manera penal por los fiscales, sin embargo, “está claro por qué nunca la dio importancia, porque él es parte del grupo de encubridores y/o cómplices de sacerdotes pedófilos, tal como lo han señalado las víctimas del cura Fernando Karadima“.

    “Él expresó en esa época la plena disponibilidad de hacerlo, pero dijo que cada caso debía ser evaluado con detención antes de poder ser enviados a los tribunales de justicia, ya que podían tratarse de denuncias falsas. Le manifesté que eso lo debía determinar la fiscalía ya que tratándose de delitos de abuso sexual no se puede cambiar el estatus jurídico de este. Aunque monseñor Errazuriz dijo que iba a evaluar el proyecto”, puntualizó.

    Hizo un llamado al presidente de la República, Sebastián Piñera, y al Ministro de Justicia, Hernán Larraín Fernández; a patrocinar esta moción, presentada en mayo hace ocho años, con el objetivo de que los religiosos que presencian delitos, cumplan con el deber de informarlos a las autoridades respectivas.

    “Tal y como están obligados, por ley, a denunciar los fiscales, carabineros, los directores de colegios, los jefes de hospitales, los jefes de puertos, aeropuertos, estaciones de trenes o buses. Y si no lo hacen, al igual que otras autoridades, pueden ser sancionados por la justicia”, sentenció.

    Importancia de las denuncias

    El legislador señaló que gracias a testimonios de los denunciantes, se han podido conocer las atrocidades cometidas al interior de la iglesia, por lo que “se hace urgente y necesario que los ministros de cualquier culto, sean pastores, sacerdotes, o cualquier denominación, tengan la obligación de denunciarlos ante la Justicia, pues no basta con someterlos a un proceso canónico y que los delitos queden al interior de la iglesia”.

    En este sentido, aseguró que “los Tribunales son los que deben tomar los casos de delitos al interior de las iglesia Católica (o de cualquier credo) y los cómplices, al igual que los abusadores, deben pagar con penas de cárcel”.

    cárcel

    Navarro indicó que el caso Karadima es un ejemplo clave de la ineficiencia que hay de parte de las autoridades eclesiásticas para poner estos actos en mano de la justicia. “Aquí hubo encubridores, uno de ellos Juan Barros, que a pesar de que habían antecedentes delictuales en su contra, en vez de investigarlos y ponerlos en mano de la justicia, el Papa lo designó como Obispo de Osorno, provocando el rechazo público de la comunidad”, repudió.

    Recordó que “luego, las renuncias que presentaron ante el Papa, en Roma, todos los obispos de Chile, en un hecho inédito, fue una clara señal de que los delitos existían y de que la Iglesia Católica los silenció. Y hoy, con la confirmación de salida de tres obispos: Juan Barros, Cristián Caro y Gonzalo Duarte, se debe dar un paso más, ya que esto no puede quedar solo en las renuncias y el arrepentimiento”.

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