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    Ante los afiebrados comentarios de algunos personeros de la Derecha en el Gobierno y en el Parlamento, respecto al “riesgo a la institucionalidad” que supondría la acusación constitucional contra los ministros de la Corte Suprema que otorgaron libertad condicional a violadores de derechos humanos, distintos sectores de la oposición descartaron tal posibilidad y señalaron como “inadecuadas” dichas declaraciones.

    Asimismo, hubo un rechazo generalizado hacia la declaración emitida por la misma Corte Suprema, donde afirmaron que el cuestionamiento de la Cámara Baja está perjudicando la autonomía de los magistrados, pues la acusación implicaría la revisión de la Corte por un organismo extraño y diferente al judicial.

    Al respecto, la diputada Carmen Hertz señaló que “no se puede pretender que el uso por parte de la cámara de una herramienta de fiscalización pueda poner en riesgo la vigencia del estado de derecho, eso a mi juicio es una barbaridad”.

    En tanto, el diputado PS Jaime Naranjo, también criticó el comunicado emitido por el máximo tribunal, asegurando que no sólo se están ignorando tratados internacionales al dar libertades a los condenados por delitos de lesa humanidad, sino que también “están desconociendo la constitución porque tenemos esa facultad de acusar a los jueces por abandono de deberes”.

    Por las redes sociales, varios otros parlamentarios se sumaron a las críticas, asegurando que la Corte “guardó silencio durante toda la dictadura militar, mientras que ahora reclama autonomía precisamente para otorgar libertad a violadores de derechos humanos”.

    Por su parte, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, señaló que “la autonomía de un poder del estado no puede ser ilimitada y debe existir fiscalización ante posibles errores”.

    Finalmente, se informó que los parlamentarios de oposición que han adherido a la acusación, han declarado que “la mantendrán en pie” pese al reclamo hecho por la máxima autoridad judicial del país.

    Recordemos que desde la Derecha han apoyado las críticas a la utilización de esta herramienta fiscalizadora parlamentaria, establecida en la Constitución, contra los jueces de la Corte Suprema.

    Una de ellas provino desde el mismo ministro del Interior, Andrés Chadwick, el primo del Presidente, quien fiel a su estilo liviano, caricaturizó la situación indicando que de ahora en adelante, si a los legisladores no les gusta una decisión del poder judicial, “podrían estar siempre acusando constitucionalmente a quienes dictaron los fallos”, dañando con ello la autonomía de la Corte.

    Fuente: Radio Universidad de Chile

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