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    En las afueras de la seremía de Medio Ambiente de la región del Bío-Bío, la Coordinadora Intercomunal Contra Octopus y diversas organizaciones sociales, territoriales y ambientales, convocaron a una movilización por la Defensa del Mar y la Tierra para este jueves 22, a las 18:00 horas, frente a los Tribunales de Justicia penquistas. Esto a la espera de que el Comité de Ministros resuelva favorablemente el proyecto GNL Talcahuano, que ya viene aprobado de las instancias anteriores.

    GNL Talcahuano es un terminal marítimo de unos UD$160 millones que tendría una capacidad de unos 4 millones de metros cúbicos por día. “Si se aprueba el proyecto, se puede generar un ‘efecto dominó’ en la zona”, sospecha Rodrigo Dresdner, de la Coordinadora Intercomunal Contra Octopus, quien menciona que, por ejemplo, la Central Las Arcillas prontamente a terminar su proceso de evaluación ambiental.

    La confirmación de estas iniciativas generaría efectos adversos a la agricultura, “que es la fuente laboral de la futura región del Ñuble”, explica Dresdner. Si bien el dirigente recuerda que Talcahuano “ya es una Zona de Sacrificio”, plantea que a raíz del maremoto del 27F se limpió bastante el mar, por lo que -explica- “queremos resistir a que se siga sacrificando esta zona”.

    El vocero de la organización narra que el punto de prensa que realizaron este lunes para convocar a la marcha del jueves, la hicieron para presionar a la institucionalidad, ya que si bien el conflicto se está desarrollando por canales estatales, dice que saben que “la presión social hace que a veces funcionen las instituciones que están a la medida de los empresarios”.

    Lo más grave -y que no logran entender desde las organizaciones que llevan unos cinco años movilizándose contra GNL Talcahuano-, es que este proyecto no tiene conexión con otra empresa que pueda distribuir el gas. Carolina Arriagada, vocera de la Coordinadora La Chorera, explica que ése es uno de los problemas técnicos más importantes que tiene la iniciativa, pues no se conecta con el Gasoducto del Pacífico.

    El proyecto que presentó la empresa GNL Talcahuano queda a 60 metros de distancia del gasoducto, justo donde se encuentra el humedal Rocuant Andalién, que es un sitio protegido. Entonces, la dirigenta expresa que “si no tiene conexión, ¿qué sentido tiene el terminal ahí?”. Ése fue el principal argumento que motivó diversas observaciones técnicas en el proceso de evaluación ambiental; incluso se emplazó al SEA, pero -relata Arriagada- “la respuesta que ellos dieron es que es un asunto que se debe resolver entre privados y que queda fuera de su jurisdicción, es decir, pasaron de lo ambiental a lo privado”.

    La Coordinadora La Chorera ha enviado cartas a CGE (mandante de Gasoducto del Pacífico), parte de la española multinacional Gas Natural Fenosa, para tener información respecto a la supuesta conexión entre uno y otro proyecto. “Pero la misma empresa aclara que no tienen ninguna relación de tipo contractual con GNL Talcahuano”, señala la dirigenta. Sin embargo, según ha dicho GNL Talcahuano, que es una plataforma de regasificación o un gasoducto flexible, el gas se inyectaría al Gasoducto del Pacífico para así alimentar a otras industrias de la región del Bío Bío, y también exportar vendiendo gas a Argentina.

    “El SEA vela a favor del empresariado”

    GNL Talcahuano se pretende instalar a 7 kilómetros de Talcahuano, a 4 de Penco y a muy poca distancia del proyecto Octopus. Por eso Carolina Arriagada sostiene que el SEA no consideró el conjunto de proyectos en la afectación del medio ambiente, y espeta que es claro que el SEA “vela a favor del empresariado, dejando pasar este tipo de cosas que son importantes”. Además, añade que han calculado que “en esta región se produce más energía de lo que necesitamos”, por lo que se pregunta: “¿Para qué se hace ese proyecto que solo trae perjuicios para la región?”. En ese sentido, menciona que se verán afectadas las fuentes laborales de los pescadores.

    Algo que igualmente genera mucha incertidumbre es que este proyecto se pretende emplazar cerca de la base naval de Talcahuano. En ese sentido, la vocera de la Coordinadora La Chorera plantea que “hay situaciones de riesgo en el hecho que transiten estos grandes buques cargados de gas natural líquido a estos terminales que no son ninguna necesidad energética para la región”.

    La pugna política-empresarial

    Para Arriagada el conflicto ambiental se ha transformado en una pugna entre dos holdings empresariales, donde hay involucrados nombres como los de la familia Van Rysselbergue y del diputado Gastón Saavedra (PS). “Es casi una pugna política-empresarial en ver quién pone el terminal primero y se queda con el negociado de venta del gas”, expresa.

    Esta pelea se da en un contexto en que la región está fuertemente presionada por sus recursos naturales, pues -argumenta- “están los chinos explorando las tierras raras, están las salmoneras, terminal de gas, minería, forestal, hidroeléctricas… ¿qué más quieren de acá? No nos están dejando nada, la región está sobreexplotada por los mismos de siempre”.

    Por lo pronto, están a la espera de la votación del Comité de Ministros. Si el proyecto se aprueba, anuncian desde ya que continuarán en el Tribunal Ambiental.

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