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    De forma súbita, el Gobierno de Sebastián Piñera desestimó firmar el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe –“Acuerdo de Escazú”–, a pesar de que Chile fue uno de los países líderes en dar impulso a la iniciativa hace seis años, justamente, durante la primera administración piñerista.

    “Cancillería ha solicitado que por razones internacionales se postergue su firma y vamos entregar información cuando la tengamos”, fueron las explicaciones que entregó la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, pero que no han dejado satisfechas a las organizaciones que velan por la protección de la flora, fauna y los territorios.

    De hecho, durante este jueves, día en que Chile tendría que haber firmado el Acuerdo, organizaciones de la sociedad civil, junto a parlamentarios de oposición, cuestionaron públicamente al Gobierno por su reciente decisión.

    Paulina Acevedo

    “Vemos con preocupación que lo que se ha entregado como argumento es contradictorio, pasando responsabilidades de un ministerio a otro, cuando sabemos que el Estado es uno. Aquí no solo hay descoordinación, sino que hay una forma de eludir responsabilidades”, expuso Paulina Acevedo, coordinadora del programa Ciudadanía e Interculturalidad del Observatorio Ciudadano.

    La periodista sostuvo que Escazú “ha sido catalogado como el acuerdo ambiental más importante de los últimos 20 años”, puesto que “incluye la participación en las negociaciones de representantes de sociedad civil”.

    En efecto, tras nueve reuniones del Comité de Negociación, en marzo pasado se definió que el Acuerdo tendría tres derechos fundamentales: acceso a la información ambiental, participación pública (involucramiento de ciudadanos en toma de decisiones, como viabilidad o monitoreo de proyectos) y acceso a la justicia ambiental.

    “Estamos hablando de justicia ambiental, de acceso a la información y de participación ciudadana, mismos temas que este gobierno ha dicho son prioridad para esta administración y forman parte de los ejes de la reforma al sistema de impacto ambiental que hoy esperan nosotros tramitemos en la Cámara de Diputados”, afirmó la diputada, Catalina Pérez, presidenta de la comisión de Medio Ambiente de la cámara baja.

    Las señales que entrega Chile

    La postergación de suscripción del Acuerdo de Escazú ocurre en el contexto de una grave crisis ambiental que afecta a las comunas de Quintero y Puchuncaví. Desde el primer episodio contaminante, el pasado 21 de agosto, más de 1000 personas han presentado síntomas de intoxicación, lo que ha forzado al Gobierno a decretar alerta sanitaria en la zona, restringiendo una serie de emisiones de ocho empresas emplazadas en el parque industrial que funciona en el lugar hace 50 años.

    Flavia Liberona

    Al respecto, Flavia Liberona, directora ejecutiva de Fundación Terram, sostuvo que “el no suscribir el Acuerdo de Escazú es una vergüenza, porque es incrementar la desconfianza de las comunidades pobres, porque este es un acuerdo que si bien no tiene un efecto inmediato en lo que esta pasando en la zona, sí es un acuerdo que permite ir construyendo más democracia, justicia ambiental y no discriminación, que es lo que hoy vemos en las zonas de sacrificio”.

    Por su parte, Ana Piquer, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Chile, relevó que “el tratado incluye normas específicas que establecen que los Estados tienen la obligación de dar protección a los defensores medioambientales, entonces, la preocupación es qué señal estamos dando si es que nos restamos como país de firmar un tratado que da esa protección, en un contexto en el que vemos que ese tipo de ataques en Chile, en particular, sí han ido en aumento y hemos detectado cada vez más circunstancias de peligro para defensores de la tierra, territorio y medio ambiente”.

    “Gobierno absolutamente sobrepasado”

    El llamado que hicieron organizaciones de la sociedad civil y parlamentarios apunta a que el Gobierno reconsidere suscribir al acuerdo, en especial por el duro momento que enfrentan zonas de sacrificio, como Quintero-Puchuncaví, Mejillones e Isla Riesco, entre otras.

    Catalina Pérez

    “Estamos esperando que el Gobierno recule en su posición y asegure realmente los derechos fundamentales de todos los ciudadanos/as, de los niños/as de nuestro país, que para algunas cosas están primeros en la fila, pero cuando se trata de asegurar su vida y su salud, parece que no”, señaló la diputada Pérez.

    En tanto, el senador Alfonso de Urresti centró sus críticas en el trabajo de la ministra Schmidt, de quien dijo que “no da el ancho” frente al actual escenario ambiental. “Aquí estamos en presencia de una absoluta descoordinación de un gobierno que no sabe cuál es su agenda en materia ambiental, está absolutamente sobrepasado, tenemos una ministra absolutamente incompetente para abordar la problemática ambiental”, dijo,

    Y agregó: “Hay que tocar intereses, hay que alinear a los distintos ministerios, en definitiva, decir: paralizamos; porque primero está la vida y la salud de la población y no la productividad y simplemente los índices de actividad económica”.

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