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    La Cámara de Diputados inició esta mañana la votación para revisar la acusación constitucional, impulsada por el Frente Amplio en contra el ministro de Salud, Emilio Santelices, analizando, en primer lugar, la “cuestión previa”, a la que se ha acogido el titular de Salud. Por 81 votos a favor, 63 en contra y una abstención, la cámara baja dio el visto bueno a la instancia, con lo cual, se entiende que la acusación constitucional no fue presentada.

    El ministro de Salud, Emilio Santelices, contrario al aborto y accionista de la Clínica de las Condes, modificó en marzo la Ley de Aborto en 3 causales, permitiendo a instituciones privadas, que reciben fondos estatales, ser objetores de conciencia institucional, negando derecho a las mujeres. En abril, parlamentarios y organizaciones presentaron un requerimento ante Contraloría para frenar protocolo.

    De este modo, en mayo, Santelices fue interpelado en la Cámara de Diputados sin responder preguntas. Además, la entidad fiscalizadora superior de Chile, declaró ilegal el protocolo, ya que instituciones privadas que reciben financiamiento estatal no pueden invocar objeción de conciencia institucional.

    En ese contexto, el gobierno anunció un nuevo reglamento, que, no obstante, no presentó. Así pues, diputadas presentaron Acusación Constitucional por infringir la Ley y la Constitución. Es por eso que este miércoles, la Cámara de Diputados debió resolver el destino del secretario de Estado.

    Para el diputado socialista, Marcos Ilabaca, el resultado de la votación manifiesta ” cómo las cosas no se deben hacer en política”. “Si queremos actuar como oposición, debemos actuar como oposición unida. La derrota tiene nombre y apellido: la descoordinación y la improvisación”, agregó.

    En tanto, Emilio Santelices, afirmó a los medios, una vez terminada la votación, que “el reglamento va a estar disponible cuando se hayan terminado de afinar los temas jurídicos que esta trabajando Segpres y el Ministerio de salud. Esto es un triunfo de quienes creen que deben prevalecer los principios jurídicos”.

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