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    En el marco de la fallida y manipulada “Operación Huracán”, desmantelada tras conocerse la adulteración de pruebas para inculpar a los imputados, se revelaron seguimientos a varios periodistas, entre ellos a un reportero de este medio. La vigilancia la ha realizado una unidad de inteligencia de Carabineros que encierra acciones, a lo menos, irregulares en cuanto no ha habido una autorización judicial para la obtención de información.

    “No resulta y no resultará tolerable a la institución que dirijo, la persecución penal a cualquier costo y con evidente vulneración a los derechos de las personas”. Esta frase corresponde a parte de un documento que el fiscal Nacional, Jorge Abbott, envió al ex subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, por la perseverancia y tenacidad del funcionario de gobierno en apoyar la continuidad del juicio contra comuneros mapuche imputados por pruebas falsas levantadas por la investigación de Carabineros llamada “Operación Huracán”.

    En la extensa carta Abbott cuestionó al Ejecutivo por su evidente patrocinio a la actitud de Carabineros el 26 de febrero pasado, cuando la fiscalía intentó, con la correspondiente autorización judicial, realizar diligencias en una unidad de inteligencia de Carabineros, las que fueron repelidas con lo que el Fiscal denominó “algo parecido a los ‘ejercicios de enlace’ propios de otra época”.

    La “Operación Huracán”, aquel montaje de la Unidad de Inteligencia Operativa Especializada (UIOE) de Carabineros, ha transparentado la actuación de este cuerpo uniformado, una exposición pública que revela comportamientos propios de los servicios secretos de la dictadura. Una percepción pública no expresada por el Gobierno, sino con énfasis y claridad por el Fiscal Nacional. Ejercicios de enlace, propios del temido Ejército dirigido por Augusto Pinochet, y montajes para la creación de falsos positivos levantados por la CNI.

    La UIOE fue creada durante el mandato del renunciado general director de Carabineros, Bruno Villalobos, para actuar en la Araucanía con el fin de combatir la violencia rural y los incendios a camiones y maquinaria forestal. Un organismo con sede en Temuco, a cargo del mayor Patricio Marín y secundado por el capitán Leonardo Osses. Junto a ellos otros seis funcionarios de Carabineros han trabajado en la “Operación Huracán”, entre ellos Alex Smith, conocido como “el Profesor”, autor del software Antorcha para realizar presunta interceptación de mensajes en las aplicaciones de mensajería (WhatsApp y Telegram) que supuestamente utilizaban los comuneros mapuche, entre ellos el líder de la CAM Héctor Llaitul. Sobre ellos está el general Gonzalo Blu, jefe de Inteligencia de Carabineros. Y en la cúspide de la institución jerárquica, por cierto, Bruno Villalobos. Todos son responsables, en alguna medida, si se comprueba la adulteración de pruebas.

    Carabineros se ha defendido y abusado de su poder y de la protección que le ha otorgado el Ejecutivo. Villalobos no fue a declarar a una comisión investigadora en la Cámara de Diputados, actitud que ratifica el rechazo evidente del cuerpo policial a instancias de control democrático, como lo es el organismo legislativo. En esta misma tendencia puede inscribirse la liberación de más de mil correos electrónicos de la “Operación Huracán” por parte del general Blu. El alto oficial evacuó mensajes en una cuenta Gmail empleada para guardar la información de cuentas de WhatsApp recabada por el software Antorcha. El general, si bien desmiente la manipulación de datos, confirma que la aplicación para espiar está en plena vigencia.

    Bruno Villalobos, ex general director de Carabineros

    ESPIONAJE A LA CHILENA

    En Chile se espía, y de forma habitual. No sólo es tarea de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), sino que lo hacen numerosas otras instancias. Todas bajo el amparo de la ley 19.974. que faculta a un conjunto de organismos de inteligencia, independientes entre sí, funcionalmente coordinados, “que dirigen y ejecutan actividades específicas de inteligencia y contrainteligencia, para asesorar al Presidente de la República y a los diversos niveles superiores de conducción del Estado, con el objetivo de proteger la soberanía nacional y preservar el orden constitucional, y que, además, formulan apreciaciones de inteligencia útiles para la consecución de los objetivos nacionales”. El Sistema está integrado por la misma ANI, la Dirección de Inteligencia de Defensa del Estado Mayor de la Defensa Nacional, las Direcciones de Inteligencia de las Fuerzas Armadas y de Carabineros.

    La inteligencia policial es una función, según la ley 19.974, que corresponde exclusivamente a Carabineros de Chile y a la Policía de Investigaciones de Chile. “Comprende el procesamiento de la información relacionada con las actividades de personas, grupos y organizaciones que de cualquier manera afecten o puedan afectar las condiciones del orden público y de la seguridad pública interior”. La conducción de los servicios de inteligencia policial corresponde al mando de las instituciones de las cuales dependen.

    Al observar con más detalle esta ley, puede leerse: “Cuando determinada información sea estrictamente indispensable para el cumplimiento de los objetivos del Sistema y no pueda ser obtenida de fuentes abiertas, se podrá utilizar los procedimientos especiales de obtención de información en la forma y con las autorizaciones que en el mismo se disponen. Tales procedimientos contemplan la intervención de las comunicaciones telefónicas, informáticas, radiales y de la correspondencia en cualquiera de sus formas, la intervención de sistemas y redes informáticos, la escucha y grabación electrónica incluyendo la audiovisual, y la intervención de otros sistemas tecnológicos destinados a la transmisión, almacenamiento o procesamiento de comunicaciones o información”.

    Habría, sin embargo, una condición para el espionaje. Debe ser autorizada por un juez. “Los directores o jefes de los organismos de inteligencia solicitarán, personalmente o por intermedio de un funcionario de su dependencia expresamente facultado para ello, la autorización judicial para emplear los procedimientos citados”. Para ello, la autorización deberá entregarla un Ministro de aquella Corte de Apelaciones en cuyo territorio jurisdiccional se realizará la diligencia o donde ésta se inicie. En el caso de la “Operación Huracán” hubo un juez que autorizó las investigaciones. El ilícito en este caso no es el espionaje, sino que la adulteración de las pruebas.

    OJOS Y OÍDOS  SOBRE EL CIUDADANO

    Aun así, hay un espacio oscuro en la obtención de información. Un reportaje de Ciper Chile reveló a comienzos de marzo la vigilancia policial a investigaciones y publicaciones de Radio Bío Bío, La Segunda, The Clinic, Mapuexpress y El Ciudadano. Entre ellos aparece Matías Rojas, de El Ciudadano, especializado en reportajes de investigación, varios de ellos sobre actividades de Gendarmería y Carabineros, no necesariamente acotadas a la “Operación Huracán”. Las miradas de la unidad de inteligencia se centran en una nota del 10 mayo de 2017 en El Ciudadano titulada “La amistad que une a Javiera Blanco, el director de Carabineros y el general indagado en el caso TIC”, texto que expone la amistad entre la ex ministra de Justicia y el general en retiro Gerardo González Theodor, investigado por el caso TIC.

    La ex ministra Javiera Blanco, su pareja, el senador Pedro Araya, y el general Villalobos

    La nota incluye una fotografía de Blanco y su pareja, el senador de la Democracia Cristiana Pedro Araya, sentado en una mesa compartiendo alegremente junto a González Theodor y el general director Bruno Villalobos. “Blanco sí formó estrechos vínculos con el general Gerardo González Theodor, quien se acogió a retiro luego de ser vinculado a irregularidades en la Dirección de Planificación y Desarrollo de Carabineros, enlace con el Ejecutivo para la formulación de proyectos institucionales que requerían fondos de Hacienda”, señala la nota.

    Una prueba de este fuerte nexo -se agrega en el artículo- “es un viaje al extranjero en crucero, que tomó lugar en el primer gobierno de Bachelet. En él participó Blanco, González Theodor y un oficial de inteligencia que trabajó para el actual director de Carabineros, Bruno Villalobos”, afirma el texto publicado en El Ciudadano digital.

    Las pesquisas sobre esta nota, aun cuando son elementales, encierran al menos irregularidades. El informe sobre el reportaje de El Ciudadano fue recibido por el capitán del UIOE Leonardo Osses en su cuenta Gmail, el 2 de junio de 2017. En los registros obtenidos por la UIOE sobre la información y reveladas por Ciper aparecen datos de la publicación, la foto de encabezado y una reseña de otros textos del reportero, además de una imagen de él mismo obtenida desde su perfil en Facebook. La unidad de inteligencia, que no forma parte de los contactos de la red social aceptados por el periodista, habría fisgoneado sin autorización en su cuenta sin autorización legal alguna.

    LARGO PROCESO EN TRIBUNALES

    Matías Rojas ha tenido roces con Carabineros que han llegado incluso a los tribunales de justicia. Uno de ellos data de 2016, cuando solicitó por Ley de Transparencia detalles de una investigación interna por la compra irregular de 29 vehículos blindados a la automotora Gildemeister. Ante la solicitud, la respuesta del cuerpo uniformado fue acudir a la Corte de Apelaciones para no entregar una copia del sumario, lo que debió hacer cuando el tribunal de alzada desestimó sus argumentos.

    Imagen sacada de cuenta de Facebook de Matías Rojas

    Otro incidente, de las varias fricciones con Carabineros, sucedió a partir de 2015. En un desayuno con la prensa en septiembre de aquel año Matías Rojas le pidió a Bruno Villalobos reevaluar la postura adoptada por la institución frente a un reportaje de El Ciudadano titulado “Caso Matute: Los secretos del edecán de Bachelet“, que vinculaba al general Rafael Rojas con presuntas redes de narcotráfico. Este último, quien se desempeñó como jefe de OS7 de Concepción y fue escolta de los presidentes Eduardo Frei y Ricardo Lagos, ha negado los nexos. “Después de mencionar esto, el periodista me preguntó cómo se había ganado mi hijo una beca… La sensación que me produjo la conversación con este periodista fue de extorsión, porque sentí que me estaba presionando con mi familia para que yo sancionara al Coronel Rojas”, declaró Villalobos ante el fiscal Marcelo Cabrera.

    La respuesta del alto general se expresó en una causa judicial contra Matías Rojas, a quien acusó de un delito de “amenazas”. Un proceso que en febrero de este año se zanjó a favor del periodista. El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago cerró definitivamente la causa abierta por el director de Carabineros contra Rojas, declarando su total inocencia frente a los cargos imputados por el jefe policial.

    En su resolución, el juez Cristian Sánchez Rivera citó jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que destaca la importancia de la crítica periodística en los regímenes democráticos y planteó que las autoridades más altas del Estado, por la entidad del cargo para el cual se les ha mandatado servir, deben estar más sujetas aun al “control periodístico”.

    Este no fue el único episodio de hostigamiento que enfrentó Rojas, ya que en abril de 2017, amparándose en los mismos argumentos sobre presuntas amenazas contra Villalobos, el Departamento de Comunicaciones de Carabineros lo expulsó de una conferencia de prensa relacionada con el millonario fraude en la policía. El accionar uniformado fue declarado ilegal por la Corte Suprema, que en un célebre fallo determinó que se había vulnerado el derecho a informar sin censura previa del comunicador.

    EL EPISODIO DE PEÑALOLÉN

    General Gonzalo Blu

    Una nota más reciente del periodista de El Ciudadano (“Oscura muerte en ex comisaría del general Gonzalo Blu”) apunta directamente al jefe de Inteligencia de Carabineros involucrado en la falsificación de antecedentes del “caso Huracán”. A fines de 2016, pretendiendo bloquear una solicitud de información realizada por El Ciudadano a través de la Ley de Transparencia, Villalobos pidió a la Justicia ocultar la identidad de los funcionarios que integraron la 43º Comisaría de Peñalolén hace más de 10 años.

    El evento se circunscribe a junio de 2002, cuando el ahora ex miembro del Alto Mando que desafío al Ministerio Público, se encontraba a cargo de la unidad. En ese tiempo, los subalternos del entonces mayor Blu fueron procesados por el delito de falsificación de instrumento público, haciendo casi un deja vú la imputación que hoy enfrentan cuatro agentes de su dependencia en la Región de La Araucanía. En la comisaría falleció, tras un dudoso incidente, el detenido Fernando Soto McKay, cuyo cadáver fue arrojado por carabineros en un sitio eriazo, luego que policías falsearan su salida del cuartel.

    “El Ciudadano logró dar con el expediente de la Sexta Fiscalía Militar de Santiago que indagó los hechos ocurridos en Peñalolén. Contradicciones en los testimonios y la dudosa intervención de un médico, llevan a concluir que el episodio podría no estar cerrado por completo”, escribió Matías Rojas.

    El reportaje alude al legista José Vásquez Fernández, quien determinó que Soto murió por causas naturales. El profesional del SML y otrora empleado del Hospital Militar, en cuya condición autopsió el cadáver del presidente Salvador Allende, es cuestionado por las refutadas pericias que realizó en los casos del ex diplomático español Carmelo Soria, torturado por la DINA en 1976, y del menor Rodrigo Anfruns, plagiado en 1979.

    La nota del reportero de El Ciudadano se inscribe y ampara tanto en la resolución del juez  Cristian Sánchez Rivera y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en cuanto destacan la necesidad de la investigación periodística en regímenes democráticos. Una labor en que este medio persistirá pese a las presiones, persecuciones y vigilancias.

    Cabe señalar que en enero, con el patrocinio del abogado Mauricio Daza, Rojas presentó una querella ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago para aclarar una serie de amenazas que ha recibido desde el año 2017. En ellas se le conmina a poner fin a su trabajo periodístico so pena de ser agredido por ciudadanos colombianos. La causa, que se encuentra con diligencias en curso por la Brigada del Cibercrimen de la PDI, está a cargo de la fiscal centro norte Patricia Varas.

    El Ciudadano

    Artículo publicado en la edición nº 220 de la revista El Ciudadano.

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