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    Este jueves se presentó la primera demanda civil contra el Estado por los hechos conocidos como la masacre de Laja-San Rosendo, y en la cual los hermanos de Juan Villarroel Espinoza piden casi un millón de dólares como indemnización.

    Según consigna Radio Bío Bío, la exhibición se hizo al adherirse el abogado Adolfo Montiel a la acusación del ministro Carlos Aldana, quien inculpó a 14 ex miembros de Carabineros y a tres civiles, ex ejecutivos de la papelera de CMPC, como autores y cómplices en la ejecución de 19 trabajadores de esta empresa y de Ferrocarriles del Estado.

    El abogado, quien representa como querellantes a los siete hermanos de Juan Villarroel Espinoza, puntualizó que sus clientes solicitan para los acusados las penas máximas que establece la ley, esto por la gravedad de los delitos investigados en esta emblemática causa por violación de derechos humanos durante la dictadura.

    La acusación también incluye la arista civil, demandando al fisco la reparación de los daños para los hermanos del ex operario de la papelera de Laja, perteneciente a la CMPC, y que son estimados en 700 millones de pesos, 100 millones de pesos para cada uno de los querellantes.

    En esa línea, el abogado Montiel explicó que la demanda no apuntaba al grupo empresarial porque al momento de los crímenes de lesa humanidad, las personas jurídicas no eran responsables por los actos de sus empleados: “Nosotros demandamos a nombre de la familia Villarroel solamente al Estado representado por el Consejo de Defensa”, afirmó Montiel.

    El defensor informó finalmente que se espera que el fallo de primera instancia en esta causa sea dictado por el ministro Aldana durante el primer semestre del 2019.

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