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    El pasado viernes, el Consejo de Pueblos Atacameños convocó a un encuentro en San Pedro de Atacama, donde las comunidades decidieron presentar acciones legales para revertir los alcances del acuerdo entre la Corporación de Fomento de la Producción y SQM, el cual permite a la cuestionada compañía minera no metálica aumentar su cuota de extracción en el Salar de Atacama y explotar el litio hasta el año 2030.

    Según consigna un reporte de la radio de la Universidad de Chile, tras las protestas registradas en la zona, el anuncio de una huelga de hambre y un primer intento de reunirse con la Presidenta Michelle Bachelet, los dirigentes indígenas han decidido mantener su petición de concretar esta cita con la mandataria.

    Ana Ramos, presidenta del Consejo, lamentó que la firma del acuerdo se haya realizado en medio de la visita del Papa Francisco el pasado 17 de enero.  En entrevista con la radio universitaria, la dirigente declaró que “se bajó el perfil y hubo un aprovechamiento al hacerlo cuando la opinión pública no estaba pendiente”.

    En ese sentido, Ramos informó que durante la semana pasada, la reunión entre las ministras de Minería y Desarrollo Social (S) con el Consejo de Pueblos Atacameños no finalizó con un consenso. Según la dirigente, la respuesta de las comunidades fue clara: no están las garantías para aceptar la solución planteada por el gobierno.

    “Ellos nos dicen que el convenio ya existe y no pueden dar marcha atrás (…) entendemos que el acuerdo está firmado y las clausulas están ahí entonces, podemos tener mucha conversación sobre nuestros sueños, pero no van a quedar en el contrato”, explicó la dirigente.

    El encuentro se concretó en la capital luego de que dos dirigentes de la zona iniciaran una huelga de hambre, medida de presión que finalizó ante la posibilidad de reunirse con Michelle Bachelet. Los dirigentes añadieron sobre este punto, que aparte de la mediación solicitada al Gobierno Regional, enviaron una carta a la presidencia con esta solicitud.

    Otro aspecto a considerar dentro de este panorama de manifestaciones, se relaciona con un planteamiento territorial. Marta Solís, presidenta de la comunidad de Catarpe y secretaria del Consejo explicó que para ellos, el agua y la tierra son  temas fundamentales: “Somos pueblos agricultores y ganaderos. No podemos perder el recurso del agua considerando que hoy ya se observan disminuciones considerables en cada comunidad. Y el Código de Aguas tampoco tiene su protección por las aguas subterráneas” cuestionó la dirigente.

    Por esta razón, dijo, la aplicación del Convenio 169 de la OIT “es clave”.

    Fuente: Radio Universidad de Chile

     

     

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