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    745 estudiantes han debido abandonar sus colegios en el último año, luego de ser expulsados o de ver cancelada su matrícula, según datos de la Superintendencia de Educación recogidos por La Tercera. Este resultado del sistema educacional chileno sale a la luz justo cuando el Congreso debate el proyecto Aula Segura, iniciativa que pretendía, en primera instancia, facilitar el proceso de expulsión de estudiantes envueltos en hechos de violencia.

    Según LT, el 49% de los casos corresponde a agresiones de estudiantes en contra de sus pares; el 14% refiere a violencia contra docentes y asistentes de la educación o contra profesores y otros alumnos. En tanto, el 37% se clasificó en relación a otros motivos de gravedad, como por ejemplo, porte de armas, consumo o tráfico de drogas.

    Consultado por el matutino de Copesa, Fabián Guajardo, investigador de la Fundación Nodo XXI, sostuvo que las cifras “demuestran el carácter de show que tuvo el punitivismo mediático que impulsó el gobierno, porque coincide con lo que dicen otros sectores, de que la violencia va más allá de los casos que contemplaba Aula Segura, que eran marginales respecto de la violencia global en el sistema”.

    En una posición similar, la directora de Política Educativa de Educación 2020, Nicole Cisternas, planteó que los datos “fundamentan toda la discusión de que Aula Segura, en su primera versión, era un proyecto insuficiente para dar respuesta a la violencia escolar”.

    Fue en septiembre pasado cuando el Gobierno presentó la polémica iniciativa, que en primera instancia, establecía la expulsión inmediata de los estudiantes sorprendidos en uso, posesión, tenencia y almacenaje de ciertos tipos de armas definidas en la Ley de Control de Armas (material de uso bélico, armas de fuego, municiones, explosivos de uso autorizado, sustancias químicas usadas para la fabricación de explosivos, bastones eléctricos o electroshock), y artefactos incendiarios, explosivos, y de características similares, como, por ejemplo, bombas Molotov.

    Lo mismo ocurriría para alumnos responsables de agresiones físicas que produzcan lesiones a docentes, asistentes de la educación y manipuladoras de alimentos.

    El proyecto gubernamental logró avanzar en el Congreso y fue aprobado en el Senado, luego de un acuerdo entre Gobierno y oposición, (falta la votación en la Cámara de Diputados), pero con cambios sustanciales respecto del texto ingresado por el Ejecutivo al parlamento.

    Así, los directores ya no tendrán la obligación de expulsar inmediatamente, sino que deberán iniciar un proceso sancionatorio, a través de una investigación, contra cualquier miembro de la comunidad educativa por conductas graves o gravísimas. Además, estarán facultados para suspender a un estudiante, como medida cautelar mientras se resuelve el caso.

    Respecto de las causales que podrían ser invocadas para la expulsión de estudiantes, el proyecto despachado a la cámara baja establece que aquellas son las “que causen daño a la integridad física o psíquica de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de terceros que se encuentren en la dependencias de los establecimientos, tales como agresiones de carácter sexual, agresiones físicas que produzcan lesiones, uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios, así como también actos que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio educativo por parte del establecimiento”.

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