• EC | Edición Mundo
  • El Ciudadano | Edición Chile
  • El Ciudadano | Edición Venezuela
  • Una sociedad plural y democrática necesita diferentes miradas del mundo. Desde El Ciudadano diaria y oportunamente, nuestras letras están en favor de construir una mejor sociedad y un mundo más justo.
    Que exista periodismo independiente también depende de ti.

    Este jueves, el Tribunal Constitucional acogió, por ocho votos contra dos, la presentación realizada por parlamentarios de Chile Vamos, y declaró inconstitucional el reglamento de objeción de conciencia de la Ley de Aborto en 3 Causales.

    En específico, el fallo elimina el artículo 13 del inciso segundo, habilitando así a seis centros de salud privados, que mantienen convenios con el Estado, a que puedan declararse objetores de conciencia.

    Estos recintos son la Clínica Arturo López Pérez, el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, el Hospital Parroquial San Bernardo, el Hospital San Francisco de Pucón, el Hospital Padre Bernabé de Lucema en Panguipulli, y la Clínica de Puerto Varas.

    En ese sentido, según el informe inicial del Ministerio de Salud, se trataba de 87 recintos, pero finalmente resultaron ser solo seis los casos concretos en que existe un convenio con el Estado, se reciben recursos y donde la Contraloría había dejado fuera la objeción de conciencia.

    Con esto, se da luz verde al Gobierno para revisar el texto original y eventualmente levantar las restricciones para las instituciones de salud privadas que reciban fondos del Estado, las que debieron incluir tras el mencionado dictamen de la Contraloría.

    “La sentencia será expedida y notificada a más tardar el 8 de enero de 2019 dentro de los plazos que establecen nuestra ley orgánica constitucional”, indicó la secretaria abogada del TC, Mónica Sánchez, a Radio Bío Bío.

    Una vez conocido el dictamen, el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Juan Luis Castro (PS), expresó su molestia y anunció que repondrá un proyecto de su autoría para restringir a las clínicas que tienen convenios con el Estado.

    “Esto es un balde de agua fría para miles de mujeres en Chile. La letra chica y la controversia por el reglamento, que es la llave de aplicación de las leyes, hace que por primera vez un Gobierno en Chile no defienda su propio reglamento y además lo deje caer estrepitosamente”, afirmó el parlamentario socialista.

    Según Castro, “ni el Presidente Piñera ni el Gobierno nunca tuvo interés en que hubiera una separación clara entre quienes reciben dineros del Estado siendo ellos clínicas privadas o Isapres, y a la vez se niegan a acatar una ley de la República”, concluyó el diputado.

    Suscríbete a nuestros boletines informativos y recibe diariamente la información más importante publicada en elciudadano.com

    * indicates required

    A qué ediciones te quieres suscribir?


    •  
    •  
    •  
    Loading...