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    Juan Carlos Cruz, José Andrés Murillo y James Hamilton, víctimas del ex sacerdote Fernando Karadima, reaccionaron con “profunda alegría” tras la confirmación del fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, en favor de su demanda, condenando al Arzobispado de Santiago por obstaculizar la investigación contra Fernando Karadima.

    “Ha sido un camino muy largo, lleno de dificultades y con un alto costo personal y familiar, pero ha valido la pena”, expresaron mediante un comunicado conjunto, donde si bien reconocen que aún deben leer el texto para conocer los detalles, consideran que “este fallo debiera marcar el fin de la impunidad en materia de abuso sexual clerical”.

    “Las estrategias de la Iglesia chilena, en especial de los cardenales Ezzati y Errázuriz, para encubrir los abusos, proteger a los victimarios y silenciar a las víctimas, ha tenido una fuerte respuesta de parte de la Justicia chilena”, señalaron.

    En esa línea, celebraron que “el Estado chileno se esté poniendo al día a través de la justicia, para que, independiente del poder de una organización, todos deben responder por sus actos, especialmente si tienen a su cargo el cuidado de niños, adolescentes y personas vulnerables”.

    “Estamos presenciando un importante cambio cultural, en que los abusos de los poderosos comienzan a manifestarse inaceptables, y la Justicia lo está demostrando”, enfatiza el texto.

    A título personal, Hamilton insistió que el fallo es “histórico, un hito en Chile”, y “lo veo como un signo maravilloso de un cambio cultural y social en Chile, como una oportunidad enorme donde se empiezan a establecer verdades y responsabilidades que son claves para el país”.

    Recordemos que la demanda inicial de Hamilton, Cruz y Murillo realizada en 2010 había sido sobreseída en primera instancia por la prescripción de los delitos acusados, pero este pasado jueves la Novena Sala de la Corte de Apelaciones evaluó nuevos antecedentes en la causa, entre ellos la carta del cardenal Francisco Javier Errázuriz al nuncio Giuseppe Pinto enviada en 2009, que dio un giro en la demanda contra el Arzobispado de Santiago.

    Así, el tribunal estableció que el Arzobispado deberá pagar 450 millones de pesos por concepto de daño moral a las víctimas, la mayor compensación económica en la que se ha visto comprometida la iglesia Católica chilena hasta ahora.

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