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    Ahondando los cuestionamientos que hicieran hace algunas semanas destacados académicos de la tradicional casa de estudios superiores, el Centro de Alumnos del Departamento de Ciencias de la Computación señala que ”estamos convencidos que el acuerdo suscrito las afecta gravemente y añade factores de riesgo para el desarrollo digital del país”.

    Nuevas y duras críticas formularon, mediante una carta pública, al acuerdo firmado entre el Gobierno (Ministerio de Economia) y la empresa Microsoft, los alumnos del Departamento de Ciencias de la Computación (DCC) de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile.

    El Centro de Alumnos del citado departamento universitario cuestionó, esta vez en términos muy específicos, el “convenio de cooperación” que firmó el Minecon con Microsoft precisando que tal como lo han hecho países de relevancia en el contexto mundial, Chile debiera haber optado por una política de neutralidad en lo que se refiere a sus proveedores de tecnología.

    Las críticas se produjeron a escasos días de que se cierre el plazo que dio el propio Minecon para efectos de que los diversos sectores interesados en el tema planteen libremente sus inquietudes sobre la llamada nueva Agenda Digital del Ejecutivo, plazo que expira el próximo martes.

    Anteriormente, un grupo de destacados académicos de la misma casa de estudios, entre ellos varios doctores en ciencias de la computación, también cuestionaron el citado convenio por considerarlo, entre otras cosas, demasiado amplio y comprometedor con los intereses del país en esta materia, al tiempo que destacaron la falta de una verdadera estrategia de desarrollo digital en el país.

    En su planteamiento, los jóvenes del citado Centro de Alumnos del DCC volvieron a cuestionar el convenio firmado por el Gobierno de Chile en la materia.

    “En nuestra opinión, la manera en que los sucesivos gobiernos democráticos han definido las políticas públicas en materia tecnológica no ha sido la indicada, sobre todo si consideramos la transversalidad de sus efectos sobre nuestra sociedad”, dijeron en una carta pública.

    “Desafortunadamente ciertas políticas han sido deficientes, y las decisiones técnicas -incluidos acuerdos suscritos- han sido tomadas de espalda a la comunidad académica y científica, y a los expertos del sector privado”, refrendaron.

    “Por eso nos alegramos que en estos días, con la presente Consulta Pública abierta hasta el 30 de octubre, el gobierno, al menos en la forma, manifieste el deseo de recoger los intereses y visiones de diversos actores sociales preocupados por el desarrollo digital del país. Si bien hubiésemos esperado que esta voluntad se expresara con anterioridad, valoramos que las autoridades del área hayan escuchado las diversas voces que, a la luz de ciertos hechos enunciados más adelante, se han manifestado con fuerza”, señalaron.

    Dardos contra Microsoft

    En lo específico, respecto del acuerdo firmado por el Gobierno con Microsoft, los alumnos del DDC , plantean la necesidad de que el Ejecutivo defienda la interoperabilidad como característica preferencial de los sistemas computacionales estatales, tanto entre aquellos de uso interno en el aparataje estatal, como entre los que prestan servicios a la ciudadanía o se interrelacionan con los usuarios, bien sean nacionales o extranjeros.

    “Las necesidades informáticas son diversas y las plataformas informáticas también. Cada plataforma está destinada a solucionar una necesidad específica, lo que inevitablemente produce la heterogeneidad de sistemas. La única manera de evitar que una infraestructura de magnitud estatal se transforme en una torre de Babel, es exigiendo la interoperabilidad como requisito funcional y de calidad en los sistemas informáticos del aparato del Estado. De no ser así, se produce una escalada geométrica de los costos asociados a la intercomunicación de sistemas en una red creciente de interrelaciones”.

    “Los productos Microsoft- agregan- se caracterizan por sus bajos niveles de interoperabilidad, siendo comunes y conocidas sus prácticas de bloqueo de mercado (“lock-in”), y reducción forzada de la interoperabilidad entre versiones sucesivas de sus mismos productos”, refrendan.

    Asimismo, piden “adherir de forma preferencial a estándares abiertos internacionales para facilitar y lograr eficientemente la interoperabilidad. Cabe recordar el Decreto No 81, en el que se hace hincapié sobre estos puntos, y considerar el Proyecto de Acuerdo de la Cámara de Diputados, en el que también se expresa la conveniencia de preferir las tecnologías libres”.

    Las tendencias mundiales

    No corresponde que Chile, dicen los alumnos de la U de Chile, país cada vez más globalizado, “se sustraiga tanto del conocimiento tecnológico actual como de la clara tendencia a nivel mundial en favor de las tecnologías libres, estandarizadas y abiertas”.

    “Es más, se han declarado a favor de ella Brasil, Venezuela, algunos estados de Estados Unidos, Japón, Corea, varios países Europeos (Finlandia, Bélgica, Dinamarca, Noruega), e importantes municipios del mismo continente (como Munich, y Barcelona). Una manifestación de esta tendencia es la creciente adopción del Open Document Format (ODF), en su condición de estándar internacional ISO, como formato de documentación e intercambio de información, dentro de la administración pública y de cara a sus usuarios y ciudadanos”.

    El Centro de Alumnos también pide elegir una plataforma tecnológica sobre la base de un análisis objetivo de costos y beneficios asociados a su uso. “Debido a la baja interoperabilidad de los productos Microsoft, y a sus prácticas de bloqueo de mercado, la adopción de estos productos afecta negativamente los costos indirectos, por el dificultoso mantenimiento y compatibilidad con otros productos y productos de la misma línea; y los costos sociales, por los elevados montos de inversión pública destinados al financiamiento de sus licencias. Esto último, en contraste con la disponibilidad de sistemas libres gratuitos de excelente calidad”, dicen.

    Privacidad y disponibilidad

    Los alumnos del DCC, dicen que debe incorporarse formalmente el análisis de seguridad informática como factor de riesgo sobre los costos de las decisiones en materia informática. “Dada la alta interconexión mundial mantenida por Internet y la dependencia crítica de nuestra sociedad de la información sobre servicios básicos, estatales, militares y civiles, todos ellos también soportados por plataformas informáticas, es imperioso considerar el factor de riesgo asociado a los activos de información y sus aspectos de privacidad, integridad y disponibilidad”.

    Un ejemplo doméstico de este tipo -comentan- es lo que ocurrió en el juzgado de Familia de Concepción cuando, en julio pasado, debieron postergar por varios meses más de 150 juicios, debido a la imposibilidad operativa en la que se vieron envueltos sus sistemas informáticos, causada por una masiva presencia de virus en los sistemas Windows.

    “Esta situación contribuyó a entorpecer y sobrecargar aún más el trabajo de la justicia chilena, ya fuertemente cuestionada por la lentitud de los procesos a su cargo ¿Es aceptable asumir el riesgo de padecer una situación similar, o de mayor alcance, por ejemplo, en los servicios policiales, de salud pública u otros claves y de alta relevancia para nuestra sociedad?”, advierten.

    La heterogeneidad de sistemas es un factor de seguridad nacional, dicen. Y agregan que para que dicha heterogeneidad sea funcional “es necesario exigir interoperabilidad, característica poco presente en los productos Microsoft, compañía que, como ya expresamos, propicia el monocultivo y la homogeneidad de sistemas basados exclusivamente en sus productos”.

    Agregan, asimismo, a propósito de los objetivos de alfabetización digital que una correcta visión del tema enseña a “usar un computador” de la forma más general posible. “La enseñanza basada en fundamentos de uso permite a las personas aplicar sus conocimientos más allá de que un computador específico funcione con una u otra plataforma”.

    Acuerdo “afecta desarrollo digital”

    “Expuestas nuestras consideraciones, estamos convencidos que el acuerdo suscrito afecta gravemente y añade otros factores de riesgo para el desarrollo digital del país”, remata la misiva sobre el tema.

    “Existen fuertes compromisos por parte del Estado chileno hacia Microsoft, tal como se ha evidenciado. Hay una grave desproporción entre los compromisos iniciales y los costos posteriores debido a la operación del citado acuerdo. Los costos sociales involucrados desmerecen completamente el aparente beneficio que obtendrá el Estado gracias a las donaciones realizadas por Microsoft”, afirman.

    por Carlos Alvarez

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