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    Libres de Alta Tensión

    En el mensaje presidencial del 21 de Mayo, Michelle Bachelet, señaló:

    “Y en junio próximo, enviaremos un proyecto de ley para incorporar un reconocimiento a todas las comunas que aportan de manera relevante a la generación de energía de la que nos beneficiamos todos los chilenos y chilenas”.

    “¿Qué quiere decir esto? Que comunas donde hay generación eléctrica como Tocopilla, Mejillones, Alto Biobío, Huasco, Quillota, Puchuncaví, Colbún, San Clemente, Coronel, Santa Bárbara y Antuco, entre otras, tendrán una baja importante en las cuentas de la luz para las familias y las empresas de menor tamaño”.

    Como agrupación Libres de Alta Tensión, declaramos que:

    A través del mensaje presidencial se ofrece un futuro reconocimiento a todas las comunas que“aportan de manera relevante” a la generación de energía de la que nos beneficiamos“todos los chilenos y chilenas”.

    Lo primero que cabe señalar es que estamos de acuerdo, estas comunas aportan de manera relevante a la generación de energía, pero el Gobierno parece olvidar y omite referirse a qué costo.

    El costo es altísimo, pues muchos de estos territorios se han convertido en verdaderas zonas de sacrificio. Así las cosas, existen zonas afectadas por un daño ambiental irreparable, como es el caso de Ventana Puchuncaví, que además han acarreado un daño a la salud de las personas que habitan en la zona.  Otro ejemplo evidente y un ícono de cómo se han hecho mal las cosas, lo constituye la mega central hidroeléctrica en Ralco cuyos efectos en la naturaleza y el patrimonio cultural son irreparables e incuantificables,  sin dejar de lado la pobreza extrema en que este proyecto dejó  sumida a las comunidades mapuches relocalizadas.

    Sea cual sea la naturaleza de esta compensación (que puede traducirse en aporte monetario o no), lo que existe detrás de ella es un reconocimiento implícito de la injusticia ambiental a la que se ven enfrentadas día a día estas comunidades, cuyos miembros ven ya sin asombro cómo los derechos del empresariado son resguardados inclusive con Fuerzas Especiales en desmedro del derecho legítimo de las comunidades.

    Cabe preguntarse además, si a través de este reconocimiento el Gobierno estará compensando el impacto ambiental de estos proyectos en cada territorio.  De ser efectivo, ¿Es legítimo además que sea el Estado  con los recursos de todos los chilenos y chilenas, quien compense estos impactos que son de cargo de la empresa que ejecuta la actividad en cuestión?

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    ¿Acaso este reconocimiento retrotraerá el daño ocasionado en las comunidades, su entorno, y devolverá la salud a la población? ¿Acaso este reconocimiento se hará cargo del cumplimiento de la normativa ambiental por parte de las empresas que ejecutan los proyectos de generación y transmisión eléctrica?

    Mientras se intenta endulzar la conciencia de las comunidades, se desvía la atención al foco real, que es que estos proyectos y actividades de generación y transmisión eléctrica no necesariamente buscan beneficiar a todos los chilenas y chilenas, sino más bien satisfacer una demanda energética de la actividad minera, cuyos capitales obedecen justamente a una lógica de concentración de riquezas que en nada favorecen a las comunidades.

    Una vez más veremos al Estado como plataforma de salvaguarda de las empresas que amenazan a las comunidades con instalar sus mega proyectos, esto a pesar de la negativa de los actores sociales y de los vecinos de cada territorio que han decidido movilizarse en defensa de sus comunas. No podemos olvidar que contradictoriamente a lo planteado en la presentación de la nueva agenda energética del Gobierno (donde el énfasis se volvía hacia el reconocimiento del ordenamiento territorial, los proyectos de desarrollo local y generación de mecanismos efectivos de incidencia ciudadana) el valle de Limache y Olmué de la noche a la mañana podrían transformarse en el epicentro de la generación y transmisión energética, esto por la porfía del Estado en insistir en la construcción de la carretera eléctrica Lt 2×500 Kv Cardones-Polpaico que pretende instalar las torres más altas de Latinoamérica en un trazado que comprende cuatro regiones y sitios patrimoniales como es el caso de la reserva de la biósfera donde está inserto el valle del cerro La Campana.

    Paradójicamente el primer proyecto de generación energética que espera instalarse en el sector de Los Laureles (Limache) y “colgarse” de la vía de transmisión de Cardones-Polpaico no es de ERNC (como en teoría lo plantea el ministro Pacheco para justificar la construcción de la carretera eléctrica), sino una termoeléctrica de ciclo combinado que además del gas, usa diesel en casos que la empresa Ic Power considere como “emergencias”, demás está mencionar que ninguno de ambos proyectos (Cardones-Polpaico y la termoeléctrica Los Rulos) consideró el ordenamiento territorial, los proyectos de desarrollo local, ni mucho menos la voluntad de las personas que hoy se manifiestan pública y mayoritariamente en rechazo a cualquier iniciativa industrial que vulnere su derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Cuando se trata del parecer ciudadano, la visión energética del Estado se transforma en una simple consigna vacía de contenido y asidero, sin embargo, cuando se trata de impulsar proyectos energéticos funcionales a la demanda de la gran minería, se movilizan capitales, se alinean obedientemente gobernaciones y ministerios, se urden estrategias de posicionamiento y hoy tras el discurso presidencial, se nos pretende hacer creer que el costo de nuestra salud y de nuestro derecho al buen vivir se transa por una rebaja en las cuentas de la luz.

    Volvamos el foco donde debe estar, Presidenta, no queremos más zonas de sacrificio en aras de resguardar la acumulación de riquezas en un puñado de familias y transnacionales, necesitamos una visión de Estado (no de Gobierno) que resguarde el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y  el derecho a la vida e integridad física y psíquica de todas y todos los chilenos, y no una visión  de Estado extractivista y acumuladora de riquezas que no es otra cosa que el resultado de una visión cómplice entre la Concertación (Nueva Mayoría), la derecha y el empresariado.

    Campaña Libres de Alta Tensión

    24 de mayo 2015

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