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    Las amenazas de muerte de las que fue víctima José Leonardo Domicó, representante legal y consejero de Gobierno de la Organización Indígena de Antioquia (OIA), fueron entregadas a la Fiscalía General de Colombia.

    El materia está compuesto por  mensajes de texto intimidatorios contra él y su familia por parte de grupos desconocidos en el que se hacen referencia a su labor como activista social, informó el portal El Colombiano.

    Según la OIA, el remitente de las amenazas es desconocido, pero rechazaron que cualquier grupo armado irrespete la vida de las comunidades ancestrales. Con base en los registros que tiene la organización, con Domicó ya serían 20 los dirigentes indígenas amenazados en el departamento.

    “Solo cuatro de ellos cuentan con precarios esquemas de seguridad de la Unidad Nacional de Protección, sin embargo, hay que hacer hincapié en que dichos esquemas de seguridad no representan garantías para el ejercicio político y de liderazgo que se ejercen en los territorios del departamento, algunos de ellos a tres y cuatro días de camino de los cascos urbanos”, indicó la OIA en un comunicado.

    Las comunidades representadas en la organización reclaman que, pese al acuerdo firmado con las Farc, los pueblos indígenas no gozan de la paz, e instaron al Gobierno Nacional, Fiscalía, Alto Comisionado de las Naciones Unidas y al Ministerio Público, a garantizar el respeto de los derechos humanos de los líderes ancestrales.

    La OIA pidió a las autoridades esclarecer quiénes fueron los responsables de las amenazas y exigieron a los grupos armados al margen de la ley respetar el trabajo de la organización y las comunidades afiliadas a esta.

    “El compromiso que adquirí en el pasado X Congreso de los Pueblos Indígenas de Antioquia, con las autoridades y líderes indígenas, fue trabajar por el bienestar social, económico, político y cultural de las más de 200 comunidades a las que representamos en Antioquia, y así será hasta el próximo año 2020, cuando termina este periodo de gobierno, pues ninguna amenaza va a intimidar mi accionar político”, expresó José Leonardo Domicó.

    Señalamientos

    En la OIA no cayeron bien las palabras del gobernador de Antioquia, quien el martes pasado se refirió no solo al reclutamiento de menores de edad indígenas por parte del ELN (Ejército de Liberación Nacional), sino que expresó que algunas comunidades están bajo el mando de los subversivos.

    “En Jarapetó, comunidad indígena de Vigía del Fuerte, sus integrantes son prácticamente empleados del Eln, y el grupo sigue buscando influencia en otras comunidades de la zona”, dijo Luis Pérez.

    Desde la organización rechazaron este pronunciamiento y alertaron que estas palabras pueden afectar la seguridad del pueblo Dóbida, también en Vigía del Fuerte, quienes están en alto riesgo por enfrentamientos entre la Fuerza Pública y los grupos armados ilegales.

    “Las comunidades indígenas de Vigía del Fuerte y Murindó son víctimas del conflicto armado por el que atraviesa el país, y por la preocupación territorial de grupos armados al margen de la ley en los territorios que fueron ocupados históricamente por las Farc. Hay que señalar que dicho posible tránsito por los territorios resguardados indígenas, no se da con el consentimiento de las autoridades indígenas”, aseveró la OIA.

    La zona del Atrato medio antioqueño, dijo la organización, ha sido olvidada por el Estado, lo cual pone en riesgo a un resguardo como el de Jarapetó, por lo que pidieron la presencia de defensores de derechos humanos y el Ministerio Público para proteger a la comunidad indígena.

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