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    Los excombatientes de la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) carecen de seguridad jurídica, planes de reincorporación y las garantías mínimas para la preservación de la integridad física; pese a que el 24 de noviembre de 2016 firmaron con el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos un pacto de paz y que no ha dejado de ser una deuda.

    El convenio no ha valido de mucho para evitar más muertes. Desde su firma han sido asesinados 84 exguerrilleros. Los obstáculo se mantienen en la nación neogranadina, la desconfianza se incrementa y el cumplimiento del pacto celosamente por parte de quienes dejaron las armas se ejecuta con la esperanza de reintegrarse en la sociedad y convertirse en miembros del partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), fundado en septiembre de 2017.

    La dura realidad de consecución de las negociaciones de paz por parte del gobierno de Duque  hacen que dos años de la firma y que ha sido la mayor conquista del pueblo, se vuelva irreconocible porque la Corte de Justicia y el Congreso, han cambiado sus decisiones con respecto a lo acordado.

    “Estamos atravesando por una etapa exageradamente compleja. De lo que se pactó en La Habana a lo que se tiene ahora es una colcha de retazos”, declaró a Prensa Latina Rodrigo Granda, miembro del Consejo Político Nacional de la FARC.

    Aseguran los excombatientes que muchos de los artículos contenidos en el Acuerdo de Paz han sido modificados hasta hacerlos irreconocibles, sin consultar a los exguerrilleros.

    Dejaron las armas y qué

    “El gobierno colombiano no estaba preparado para asumir un proceso de paz de largo alcance”, estimó Rodrigo Granda, dirigente de la FARC. En cambio,  Rodrigo Londoño conocido como Timochenko, máximo líder de la FARC , el pasado 15 de noviembre  dijo “hemos cumplido sagradamente nuestra palabra. Dejamos las armas, nos transformamos en un partido político legal y transparente, entregamos los bienes que constituyeron nuestra economía de guerra”.

    Además, Timochenko refirió que los exguerrilleros asumieron con total decisión su comparecencia ante el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Mientras que el Gobierno colombiano ha distorsionado el pacto con las más graves violaciones modificando  la Jurisdicción Especial para la Paz, el mantenimiento en prisión de exguerrilleros y el arbitrario encarcelamiento del excomandante Jesús Santrich.

    “Han sido muy reducidos los avances alcanzados en la implementación del Acuerdo de Paz, en particular en lo relativo al tema del acceso a la tierra“, resaltó el excomandante guerrillero y aseguró que la deuda del Estado colombiano en materia de implementación es gigantesca.

    Cinco lideres en cinco décadas

    Otra violación al acuerdo ha dejado perpleja la opinión pública, tras algunos juicios de otros miembros de la excomandancia guerrillera que han ido más lejos, como los de Iván Márquez, exjefe de la delegación de paz de la FARC en la capital cubana, y Oscar Montero (El Paisa).

    Los exguerrilleros Márquez y El Paisa consideran que han sido víctimas de una trampa  y engaño, así como asumen que hubo una falla estructural en firmar primero la dejación de las armas, antes los términos de la reincorporación económica y social de los guerrilleros.

    “Sin eufemismos y en lenguaje franco: lo esencial del Acuerdo de Paz de La Habana ha sido traicionado”, coincide el Consejo Político Nacional de la FARC que se pregunta ¿cómo sacar adelante la paz de Colombia?.

    Para cuándo diálogo con el ELN

    Otra de las grandes dudas en la construcción de una paz estable y duradera en Colombia gira en torno al estancamiento del diálogo de paz con la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN), debido a que desde la campaña electoral, Iván Duque, actual, mandatario expresó su desacuerdo con la política de su antecesor, Juan Manuel Santos, en cuanto a las reglas de la mesa de diálogo con el ELN.

    El mandatario Duque, representante del partido derechista Centro Democrático, liderado por el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), anunció que no reanudará el diálogo con la fuerza insurgente hasta que no ponga fin a los secuestros y a sus operaciones militares, que califica de actividades criminales.

    A pesar que dejaron las armas siguen siendo abatidos por el Ejército colombiano

    A juicio de Pablo Beltrán, el jefe negociador del ELN, Duque está cumpliendo al pie de la letra el guión que se fijó de hacer trizas el proceso de paz y denuncia que el gobierno colombiano ha intensificado los operativos militares en las zonas con presencia del ELN, mientras mantiene una retórica de exigir a los guerrilleros que cesen sus acciones.

    Beltrán manifestó a Prensa Latina que el ELN está dispuesto a continuar trabajando en la construcción de acuerdos sobre la base de la agenda dispuesta, y a introducir ajustes en lo adelante, siempre y cuando sean pactados por ambas partes.

    Carencia de campaña de paz

    El escritor y ensayista español Paco Gómez Nadal, sostiene que la carencia de una campaña de paz hace que la falta de interés de una gran parte de la opinión pública colombiana, básicamente urbana, no apuesten a los procesos de pacificación en el territorio colombiano.

    “Ni los medios de comunicación masivos, ni el Estado generan la información necesaria para un clima de discusión nacional sobre asuntos de paz”, expresó Gómez Nadal, seguidamente de acentuar que un nuevo despertar de la conciencia social en los meses finales de 2018, estuvieron signados por la agudización y masividad de las protestas populares.

    Movimientos sociales de izquierdas son víctimas de satanización en la política de Colombia

    A esto se le suma que la clase media colombiana teme a que los pobres o los movimientos insurgente, de pensamiento izquierdista o progresistas asuman el poder en ese país, por ello los partidos políticos de corte derechista han sembrado el odio y la satanización en la sociedad contra quienes piensen a favor de las masas.

    Fuerzas que por siglos han dominado

    Para el sociólogo argentino Atilio Borón una nueva hegemonía política se está construyendo en Colombia y estima que esta desplace a las fuerzas que por siglos han dominado el país, pese a que el pacto resulte un parto lento y difícil, doloroso como pocos.

    En los primeros 100 días de gobierno la imagen del presidente colombiano, Iván Duque, se desplomó rápidamente ubicándose del 53,8 por ciento al 27,2 por ciento, según una reciente encuesta de la firma Cifras y Conceptos. También reflejo que el 73,8 por ciento de los encuestados aseguran que las cosas en Colombia van por mal camino.

    La corrupción, la inseguridad, la política educacional, la reforma tributaria y la fumigación con glifosato frente a la expansión de cultivos ilícitos son los cuestionamientos que hacen los colombianos a su Gobierno.

    El Gobierno de Duque está sin sentido ni dirección

    El asesinato a más de  unos 400 líderes sociales en los últimos dos años, muestran que pese al Acuerdo de Paz, la violencia prevalece, señalaron organizaciones defensoras de derechos humanos y otros pocos optimistas como la congresista de la Alianza Verde, Angélica Lozano,cree que “no hay brújula”; el país arde con la lucha estudiantil y con la pretendida reforma tributaria.

    La agudización de los conflictos en la sociedad neogranadina parece que está por estallar, los números oficiales evidencian que cerca de un 27 por ciento de pobreza y un ocho por ciento de pobreza extrema, el incremento exacerbado de desnutrición infantil y la inseguridad ciudadana ha dejado desamparados a niños y mujeres. El proceso de paz se detiene y lo que parecía ser una señal favorable para esa nación y la región terminará siendo una utopía con repercusiones en Venezuela.

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