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    Líderes indígenas y sociales de la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, denunciaron este martes que los defensores de los Derechos Humanos están siendo amenazados por parte de la guerrilla del ELN y bandas criminales como el Clan del Golfo, Caparrapos, Pelusos y Los Pachenca, después de que en el mes enero se contabilizaran 17 líderes asesinados.

     

    En entrevista Robinson López, coordinador de Derechos Humanos de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), denunció estas amenazas, la seguridad en los territorios y las preocupaciones ambientales de los pueblos ancestrales.

    López, señaló que desde 2017 los líderes defensores de Derechos Humanos han sido declarados “objetivo militar” en el país.  Recientemente circularon varios panfletos contra educadores, comunicadores y líderes en el departamento de Putumayo.

    El dirigente durante una entrevista publicada por Moganbay.com asegura que  los intereses económicos que se tejen en los territorios y la incomodidad por los llamados y denuncias  a las autoridades indígenas y ante las entidades de Gobierno a nivel central, genera la represión contra la actividad de los líderes sociales.

    “Hemos interpuesto demandas y tutelas (mecanismos jurídicos para la defensa de derechos fundamentales) a favor del territorio y de esta manera hemos impedido que se den licencias o se otorguen bloques para proyectos mineros y petroleros y eso se cruza con intereses de muchos sectores del país”, explicó.

    López comentá que el  17 de enero recibió un panfleto emitido por un grupo denominado Águilas Negras, bloque sur de las autodefensas, donde hacen unas amenazas contra siete líderes, entre los se encuentra él.  “Eso nos preocupa mucho porque estamos hablando de más de 240 personas”  sentenció.

    “Iniciamos una acción urgente que se envió a la Defensoría del Pueblo, a la Fiscalía, a la Unidad Nacional de Protección (UNP) y al Ministerio del Interior para que ellos adelanten las acciones pertinentes y se establezca una protección efectiva para los líderes amenazados”, dijo.

    Solicitan que las Naciones Unidas hagan un llamado e insten al gobierno de Colombia a tomar “medidas concretas que lleven al cese de los asesinatos de líderes indígenas y sociales en el país (…). Necesitamos que haya más voluntad política del gobierno nacional, más cuando están amenazando y asesinando a nuestros líderes” dijo.

    Con la llegada de este nuevo gobierno los asesinatos a líderes se incrementaron en cerca de 50 %. Creemos que el gobierno nacional debe tomar acciones contundentes y concretas, tanto individuales como colectivas.

    Minería y deforestación

    El dirigente aseguró que las amenazas, en gran parte, se deben a la defensa que los indígenas hacen de los territorios. “Hay muchas bandas criminales llegando al Putumayo y en general a la Amazonía. El conflicto está recrudeciendo en la zona porque también están las disidencias de las FARC y todos se lucran del narcotráfico. Está el tema de minería ilegal que nos preocupa bastante, hace poco estábamos denunciando que los ríos Caquetá, Putumayo y Amazonas están contaminados con mercurio y los grandes proyectos petroleros están generando graves afectaciones” aseveró.

     

    “Como decía, nos preocupa el tema de la minería legal e ilegal. Incluso, una de nuestras propuestas en la consulta del Plan Nacional de Desarrollo era la modificación y reglamentación al código minero, pero fue rechazada por el Ministerio de Minas.

    La deforestación también es otro temor de los indígenas debido a que avanza  en zonas como Caquetá, Putumayo, Guaviare, pero también en los demás departamentos amazónicos.

    “Pensamos que tiene que ver con el posconflicto porque esos territorios han quedado abandonados y están llegando muchos grupos especuladores a talar grandes extensiones de tierra para cultivos de uso ilícito”.

    En cuanto  a los megaproyectos petroleros aseguró siguen siendo un punto muy fuerte de discusión y revisión porque se están adelantando sin el consentimiento previo libre e informado, violando la consulta previa.

    “Muchas veces nos toca demandar para que se nos restablezca ese derecho y, sobre todo, para que se reconozca que en cierto territorio hay pueblos indígenas. Esa labor la hace la dirección de consulta previa del Ministerio del Interior, pero no está cumpliendo con ese deber”, dijo.

     

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