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    La Defensoría del Pueblo de Colombia advirtió al Gobierno de la grave situación de inseguridad para los líderes sociales del departamento del Cauca (suroeste).

    A través de un informe titulado “La situación de los derechos humanos del departamento del Cauca”, el organismo recomendó “que las indagaciones e investigaciones que se adelanten por los homicidios de los líderes trasciendan a la etapa de judicialización y captura de los responsables o autores materiales, y procuren esclarecer —ante todo— las responsabilidades intelectuales por estos crímenes”.

    Al respecto, el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, afirmó que es su obligación velar por la protección de los líderes sociales en el país. “Si me toca caer, lo voy a hacer porque no tengo temor y lo ordena mi corazón”, dijo Negret, en un comunicado que cito Sputnik.

    De acuerdo con el informe, en 2017 la Defensoría del Pueblo registró tres desplazamientos forzados masivos en el Cauca, “con un nivel de afectación para 386 familias y 1.153 personas”, siendo víctimas las comunidades de al menos siete municipios.

    El estudio también indicó que la extracción minera ilegal de oro en la región se ha convertido en la principal fuente de ingresos del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que actualmente poseen el control del territorio.

    En ese sentido, el organismo hizo un llamado al Gobierno central para que considere el departamento del Cauca como eje que impulse estrategias para hacer frente al conflicto armado y la implementación de la paz, así como para adelantar proyectos de inversión social.

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