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    Cerca de 500 indígenas de los pueblos Embera, Dóbida, Katío, Wounaan y Zenú, que habitan el departamento colombiano de Chocó (noroeste), iniciaron en la noche del 15 de noviembre el regreso a sus comunidades desde Bogotá luego de lograr una serie de acuerdos con el Gobierno central.

    “Con nuevos acuerdos hacia el restablecimiento de los derechos de los pueblos indígenas (…) terminó el espacio de diálogo entre el Gobierno Nacional y el Gobierno Indígena Embera Katio — Eyabida, Dóbida, Wounaan y Zenú de los municipios de Riosucio y Carmen del Darién del Chocó”, indicó este 16 de noviembre la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) en un comunicado.

    En el marco de la protesta que iniciaron el pasado fin de semana, y que denominaron ‘Minga por la vida y la dignidad’, los indígenas pidieron al Gobierno que les brinde garantías de seguridad en sus territorios ante la violencia de actores armados, entre otras prebendas.

    “Luego de ocho días, 462 indígenas retornan a sus territorios con la esperanza que esta vez sí se cumpla con lo acordado”, agregó la ONIC.

    Según destacó la agrupación, entre los acuerdos logrados se cuenta el desarrollo de la Misión de Verificación de la Organización de las Naciones Unidas en el territorio en el primer trimestre de 2019, así como que se les informe de los avances en las investigaciones por las amenazas y actos de violencia de las que han sido víctimas las comunidades.

    ​Asimismo, se formulará e implementará un proyecto de capacitación y prevención de minas antipersonales y se adelantará una reunión con la estatal Unidad Nacional de Protección y las autoridades del Chocó para iniciar la protección colectiva e individual de los indígenas.

    La situación humanitaria y de confinamiento a causa de las presiones de los diferentes actores armados ilegales que se disputan el territorio de Chocó es especialmente delicada para las comunidades indígenas del municipio de Riosucio, específicamente en los ríos Truandó y Bajo Atrato, cuyos habitantes temen por su vida.

    En esas regiones, así como en otras de ese departamento, los indígenas se ven expuestos a la limitación de la movilidad de las personas y transporte de víveres por parte de los grupos armados que se disputan la región para el cultivo de coca, los cuales también han incrementado la instalación de minas antipersonales.

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