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    Medellín es una hermosa ciudad colombiana, la segunda en importancia del país. Desde la década de los ’80 le tocó vivir bajo un estigma, el de la violencia, el crimen organizado, el paramilitarismo y el narcotráfico. El cartel de Pablo Escobar Gaviria tomó el nombre de la ciudad para generar una maquinaria de negocios sucios y viles crímenes.

    Se trata de una ciudad marcada por la violencia, donde la tragedia fue utilizada también por algunos intereses para dibujar una imagen mítica de los criminales, como es el caso de Escobar Gaviria. Un lugar donde, incluso, hay empresas “turísticas” que ofertan paseos para conocer los escondrijos de la mafia.

    En los años ’90, con el uribismo le tocó sufrir las llamadas “limpiezas sociales” de las bandas paramilitares. Presuntas razzias para eliminar presuntos “criminales” por parte de otros criminales que contaban con la complicidad del Estado. Hoy a Medellín se la presenta como un modelo de seguridad ejemplar, e incluso el presidente electo Iván Duque lo toma como un ejemplo a seguir.

    Pablo Escobar Gaviria, símbolo del crimen en Medellín

    El Cartel de Pablo Escobar Gaviria marcó con su violencia y sus delitos la ciudad en la década de los ’80. Foto: Web

    El “modelo” para vencer al crimen organizado

    Medellín se encuentra gobernada por Federico Gutiérrez, político con apariencia de independiente, pero que durante la reciente campaña electoral protagonizó un altercado con el excandidato presidencial Gustavo Petro, luego de tratar de impedir un acto de campaña por motivos fútiles.

    Este año van 342 homicidios en Medellín, 81 más de los que hubo en el mismo periodo del 2017. De esos, 207 fueron causados por organizaciones criminales. Según el medio independiente La Silla Vacía, ese aumento de homicidios obedece a un reacomodo dentro de las más de 250 bandas que hacen vida criminal en la ciudad la ciudad.

    Subraya el medio que se trata de golpes que muchas veces son presionados desde Estados Unidos contra los líderes de la Oficina de Envigado, según Jeremy McDermott, director del think tank de crimen organizado InSight Crime.

    “Mutan, cambian y se adaptan” en torno a las rentas criminales que heredan de sus jefes dados de baja o capturados, dijo al respecto Jesús María Ramírez, quien fue secretario de Gobierno del exalcalde Alonso Salazar. “Uno se puede pasar 20 años capturando jefes y siempre va a encontrar detrás gente del combo haciendo fila”.

    La estrategia del alcalde Gutiérrez se basa en el ataque contra los cabecillas de bandas. En lo que va del cuatrienio, 113 de ellos han sido capturados, entre ellos diez jefes de organizaciones delincuenciales dedicadas al narcotráfico, según datos de la Secretaría de Seguridad.

    Durante la administración de Gutiérrez han caído alias ‘Tom’, heredero de la Oficina de Envigado; ‘Chatán’, jefe de la banda ‘Los Chivos’; Elkin Triana, cabecilla de la banda Los Triana; y alias ‘Sombra’, cabecilla de la Odín Robledo, presunto responsable de los 45 desmembrados en bolsas que aparecieron por todo el Valle de Aburrá a raíz -según la Policía- de la captura de ‘Tom’.

    Uno de los últimos fue ‘Juancito’, jefe de la banda ‘Betania’ en la Comuna 13, que en parte ha desencadenado la ola de homicidios de los últimos días. También, durante la alcaldía de Gutiérrez van más de 2.600 integrantes de bandas capturados. Pero, aún así, el crimen sigue al alza.

    Los resultados del alcalde de Medellín son negativos, pero él sigue haciéndose propaganda. Foto: Web

    Más inversión menos resultados

    El presupuesto de seguridad de Medellín -con las modificaciones que se le hicieron en el año- pasó de ser un 3,5% del presupuesto de inversión general de la Alcaldía en 2016 al 6,6% en 2017. Las adiciones significaron un aumento en el presupuesto, para el 2016, de un 158%, y en 2017, de un 141% en relación con el presupuesto asignado para el año, cinco veces más de lo que creció la inversión en educación el año pasado.

    Todo lo anterior ha ido acompañado de una estrategia de comunicación del Alcalde, quien exhibe por redes sociales las capturas de criminales y va él mismo al lugar donde la Fuerza Pública las efectúa para mostrar que la institucionalidad está en las zonas ‘más calientes’.

    En agosto de 2017, cuando recibió una amenaza de muerte por parte de un combo en el corregimiento Altavista, llegó rodeado de escoltas, policías, carabineros y cámaras de video para dar el mensaje a las bandas de que “pronto van a caer”; y en abril, cuando se dispararon los homicidios en la Comuna 13, su gabinete hizo consejo de seguridad allí y decidió aumentar el pie de fuerza en el territorio.

    En 2016, Medellín tuvo una tasa de 21,8 homicidios por cada 100 mil habitantes, en 2017 de 23, y, según la proyección del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc) este año será de 25,9 por ciento. La percepción de seguridad en los barrios de estratos 1, 2, 3 y 4 viene bajando. Además, el nivel de victimización por delitos, que la Alcaldía espera dejar en 12%, pasó de 12 a 15 por ciento entre 2015 y 2016, y se ha mantenido.

    Las medidas del Alcalde cojean porque no se llega a esos nuevos jefes “hijos de narcos” -como los define InSight Crime- que controlan el narcotráfico. Su director McDermott explica que, sin quererlo, con estas capturas las autoridades le han abierto paso a una nueva generación de narcotraficantes con estructuras pequeñas y que se mantienen “al margen de las operaciones rutinarias de la droga” lo que hace que sean más difíciles de identificar, como cuenta su último estudio, “Los invisibles”.

    No hay conexión con las comunidades

    Los líderes de las organizaciones barriales y culturales que trabajan de cerca en las comunas aseguran que la estrategia de Gutiérrez no ha funcionado porque la Alcaldía tiene rota la conversación con las organizaciones sociales de vieja data en la ciudad y no hay espacios para el diálogo abierto ni la crítica a las intervenciones de los espacios públicos y a las medidas policiales.

    “No se fortalecen procesos entre comunidad, sino que nos ponen a competir entre nosotros mismos al momento de postularnos a una beca o un convenio”, dijo Miriam Páez Villota, miembro de la Plataforma Puente Cultura Viva Comunitaria, que tiene entre sus actividades es apropiarse y recuperar los espacios cooptados por el crimen como los parques usados para plazas de vicio.

    Además, los activistas creen que en el afán por capturar cabecillas ha descuidado la inversión social, mientras el presupuesto de Participación Ciudadana fue el único (entre Inclusión Social, Participación Ciudadana, Educación) al que se le recortó durante el 2017, con una reducción del 7%.

    “Desde el 2013 (época de guerra interna de la Oficina de Envigado, y año en que esta firmó con el Clan del Golfo el famoso “pacto del fusil”) no veíamos a los chicos tan angustiados”, señaló Daniela Arbeláez, voluntaria del colectivo cultural Casa Morada, que acoge semanalmente unos 300 jóvenes de los barrios en las tardes y las noches para que exploten sus talentos.

    “Antes salían de aquí a las diez de la noche para sus casas. Ya se van antes de las seis o, si se quedan, le piden posada a un amigo”. También contó que están llegando jóvenes nuevos porque en los lugares donde “parchan” ya los están amenazando. Y eso no pasa solo en San Javier.

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