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    Comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas responsabilizaron a terratenientes de la tala indiscriminada de bosque en los parques naturales de La Macarena y Tinigua.

    Al mismo tiempo, propusieron al Gobierno nacional establecer un pacto por la justicia ambiental para la Sierra de la Macarena, que busque, de forma concertada, la regulación de la vida campesina en áreas protegidas, definir las responsabilidades para la ganadería extensiva y la protección efectiva del bosque para el desarrollo de una economía campesina sostenible.

    El pronunciamiento está consignado en un documento de seis páginas, suscrito por 20 organizaciones indígenas, campesinas, ambientales, comunales y la alcaldía de La Macarena (Meta), tras el segundo Foro Ambiental y Agrario que se desarrolló el pasado sábado en el polideportivo del área urbana del municipio.

    En el documento, las organizaciones campesinas cuestionaron la estrategia investigativa de la Fiscalía contra la deforestación como una forma de revictimización de los campesinos, pero sin tocar a  los terratenientes que talan indiscriminadamente en los bosques del oriente colombiano para el aprovechamiento de la madera y ampliar las zonas de pastoreo de su ganado.

    Los campesinos de La Macarena consideran necesario adelantar la reforma rural integral que se estableció en el acuerdo de paz firmado en La Habana y priorizar en los planes y programas de las zonas afectadas por el conflicto.

    En ese sentido, proponen concertar con las comunidades otras formas de regulación alternativa diferentes a las punitivas “que no pongan en riesgo el tejido social y los de derechos humanos”.

    Además, piden la adecuación de un centro estatal de acopio para la comercialización de los productos bajo el modelo de protección de la economía campesina y el diseño de una vía férrea entre San Vicente del Caguán (Caquetá) – La Macarena y Vista Hermosa (Meta), que permita una comunicación efectiva y rápida con el país.

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