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    La organización Human Rights Watch (HRW) alertó de la creciente violencia contra los afrodescendientes de Tumaco, en el departamento colombiano de Nariño, por parte de la disidencia de las FARC, a través de un informe presentado este jueves en Bogotá.

    “Los disidentes de las FARC en la actualidad matan y hacen desaparecer a quienes se atreven a cuestionarlos, violan a mujeres y niñas, reclutan a niños y han obligado a miles de personas a desplazarse”, manifestó el director ejecutivo para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco.

    En el estudio “Violencia reciclada: abusos por grupos disidentes de las FARC en Tumaco, en la Costa Pacífica de Colombia”, la ONG detalla crímenes que cometen las disidencias de la antigua guerrilla que firmó un acuerdo de paz con el Gobierno en noviembre de 2016.

    “Es un fenómeno que se arrastra por años y que afecta fundamentalmente a comunidades afrodescendientes y un pequeño porcentaje de indígenas en un municipio donde viven 200.000 personas. Allí, curiosamente los índices de homicidio son de los más altos del país en términos absolutos”, agregó.

    Vivanco afirmó que la creación del Frente Oliver Sinisterra y las Guerrillas Unidas del Pacífico se debe a “deficiencias en la desmovilización de miembros de las FARC” y en su reincorporación a la sociedad.

    De acuerdo con HRW, la tasa de homicidios en Tumaco era cuatro veces superior a la tasa nacional en 2017, cifra que aumentó casi un 50 % hasta septiembre de este año. Sin embargo, no especificó el total de asesinatos cometidos.

    El director de la organización resaltó que la impunidad es “la regla” para los graves abusos en Tumaco, pues se han registrado más de 300 homicidios desde 2017, pero solo una persona ha sido condenada.

    Si bien valoró que el presidente Iván Duque envió militares a la zona y priorizó la captura de los líderes de esa disidencia, en especial de Walter Patricio Arizala, alias “Guacho”, consideró que las medidas no garantizan a los habitantes sus derechos e instó a que se aumente la presencia de investigadores, fiscales y jueces.

    “Es entendible que el Gobierno se concentre en capturar a ‘Guacho’ (…) pero los residentes de Tumaco que han sufrido años y años de abusos cometidos por múltiples actores armados necesitan mucho más que la captura de ‘Guacho’ para que no se recicle una vez más la violencia en su municipio”, acotó.

    Vivanco se refirió también al asesinato en cautiverio el pasado abril de Efraín Segarra, Javier Ortega y Paúl Rivas, del equipo de prensa del diario ecuatoriano El Comercio, cometido por la disidencia Frente Oliver Sinisterra.

    “El secuestro y brutal homicidio de los tres trabajadores de prensa ecuatorianos en la frontera con Colombia no fue tan solo un incidente aislado”, indicó Vivanco, quien afirmó que ese caso “refleja los abusos generalizados que cometen los grupos disidentes de las FARC en la zona”.

    ¿Ni un paramilitar?

    Aunque no lo meciona HRW, diversos sectores también han mostrado preocupación por la presencia de grupos paramilitares en Tumaco y en el pacífico colombiano.

    Activistas sostienten que serían por lo menos 10 estructuras que intentan ejercer el control de la región, la cual constituye la más preciada de las rutas del narcotráfico.

    Según Edison Romaña, comandante de la Zona Veredal Transitoria de Normalización Ariel Aldana en Tumaco, ellos tienen claro que hay una complejidad de estructuras paramilitares que operan en Tumaco, Llorente, El Rosario y “eso no es un secreto de todo el pueblo nariñense ni de la fuerza pública o las demás unidades del Estado”.

    Asimismo, resalta que, aunque Nariño y Tumaco son zonas piloto para el desmantelamiento del paramilitarismo, “no se ha hecho hasta el momento nada”. Solamente en 2017 asesinaron a 140 personas en Tumaco.

    El Comando del Punto de Preagrupamiento ubicado en el municipio de Tumaco denunció que en cuatro veredas de dicho municipio se encuentran grupos paramilitares que se presentan como “Los Urabeños” o “Los Negritos” y que generan una difícil situación, tanto para sus habitantes como para los excombatientes de las FARC.

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