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    Los pueblos indígenas de Colombia han denunciado la muerte de niños en todo el país por enfermedades curables de tipo digestivas y respiratorias además de desnutrición. El Consejo Regional Indígena del Chocó señaló que hasta la fecha han fallecido entre 17 y 19 niños.

    “Siempre se ha dicho que es por problemas de pulmonía y cardiorrespiratorios, pero que además esto se asocia a un tema desnutrición“, indicó Barlahan Díaz, líder indígena del departamento.

    Según la Secretaría de Salud, los niños llegan cuando están en muy mal estado, en especial, menores de cinco años. “El estado de desnutrición hace que el organismo esté más dispuesto a que cualquier bacteria, cualquier enfermedad, actúe con mayor compromiso y que tengamos mayores complicaciones”, explica Olga Lucía Hoyos, secretaria de Salud.

    Pero los líderes indígenas aseguran que las distancias son muy largas a pie para que los devuelvan a pedir cita con médico general. “Es muy difícil que un niño que está a seis horas de camino, cuatro horas, siete horas, estarlo entrando y sacando del territorio”, aseguró Díaz.

    La gobernación asegura que tienen un proyecto de construir una maloka para atender a los menores de edad en su territorio pero los indígenas emberas chamí esperan además que se atienda a menores de zonas a las que solo se puede llegar a pie a más de ocho horas de camino.

    A lo largo del río San Juan, afluente que separa los departamentos de Valle del Cauca y Chocó, están asentadas decenas de comunidades del pueblo wounaan, una etnia indígena que está en peligro de desaparecer, según la Corte Constitucional. Allí, desde agosto, los niños indígenas empezaron a sufrir de diarrea y vómito y varios de ellos han muerto deshidratados.

    No hay claridad sobre el número de niños que han fallecido. Según el profesor de la comunidad de Taparalito, Édgar Membache, serían más de 20. Dicha comunidad, que se encuentra en el área rural del municipio Litoral del San Juan (Chocó), ha sido una de las afectadas: cuatro de sus niños murieron en agosto, reportó el Diario El Espectador.

    EPS indiferentes

    El profesor Membache cuenta que los niños se empezaron a enfermar a finales de julio. En la comunidad no tienen acceso a servicios de salud ni medicamentos. “Eso nos preocupa mucho”, dice Bernardo Opua, integrante de la comunidad. El 6 de agosto, el profesor Membache, a petición de los padres, llevó a un grupo de 12 menores de edad hasta el puesto de salud de la comunidad de Palestina, a 15 minutos de Taparalito en lancha por el río San Juan.

    “Los niños no tenían carné  y el personal de la entidad promotora de salud  no nos querían atender. Nos tocó pagar por cada uno”, cuenta el docente. También afirma que algunos de ellos eran víctimas de desplazamiento forzado, por lo que tenían derecho a ser atendidos. Sin embargo, asevera que la respuesta de quienes atendían el puesto de salud fue que ellos “eran una empresa que no tenía en cuenta eso”.

    El 27 de noviembre de 2015, 25 familias de Taparalito se desplazaron hacia el casco urbano de Buenaventura por hechos violentos ocurridos en su territorio. Tras un año de desplazamiento, la comunidad llegó a varios acuerdos con las instituciones, que quedaron consignados en un plan de retorno. El 12 de diciembre de 2016 retornaron 24 familias. Uno de los compromisos que están en el documento es “garantizar la vinculación al sistema de salud del municipio de Litoral del San Juan”. Sin embargo, a los líderes les tocó pagar la consulta porque los niños están afiliados a empresas del Valle del Cauca.

    Enfermedades curables

    En las consultas médicas les recetaron unos medicamentos para detener el vómito, la diarrea y la deshidratación. Sin embargo, la comunidad no pudo acceder a las medicinas porque no estaban disponibles en el puesto de salud de Palestina y además no contaban con el dinero para ir hasta el casco urbano de Litoral del San Juan. De regreso a su comunidad, los niños recibieron un suero casero que les hicieron sus padres, con lo cual se recuperaron.

    Cuatro niños no contaron con la misma suerte. Los líderes cuentan que en agosto el centro de salud de Palestina no tenía un profesional para atender a la comunidad. “Hay semanas en las que no está el médico. A veces pasa un mes y mientras lo vuelven a contratar no hay personal en el centro asistencial”, relata Opua. El centro de salud de Palestina es operado por la IPS Capera.

    El alcalde de Litoral del San Juan, Willinton Ibargüen, aseguró que no conocía las muertes de los niños indígenas en el municipio. Aceptó que la atención en los centros de salud es inestable, porque muchas veces se quedan sin médicos. Sin embargo, también señaló que los aborígenes tienen la costumbre de acudir primero al médico tradicional y, en sus palabras, “cuando ya no hay nada que hacer” buscan la medicina occidental.

    Al preguntarle sobre los posibles incumplimientos en el plan de retorno de Taparalito, el mandatario desestimó las denuncias diciendo que se habían hecho algunas visitas a las comunidades para solucionar el problema de las afiliaciones.

    “Nunca se ha dado un retorno como es debido”, asegura la personera del municipio, Mayra Abadía. “Todas las instituciones están incumpliendo”, agrega. A pesar de eso, dice que la Personería no ha abierto investigaciones contra ningún funcionario y que le ha pedido a la Procuraduría que investigue (al instituto prestador de salud) IPS que operan los centros de salud en el municipio, pero las entidades departamentales y nacionales “nunca han hecho nada”.

    Los líderes de Taparalito tienen otra versión. Aceptan que primero acuden a la medicina tradicional, pero dicen que los jaibanás reconocen cuando los casos deben remitirse a los médicos occidentales. Las muertes, para ellos, se dieron debido a la falta de atención en el puesto médico y a la falta de medicamentos para atender la epidemia. Aseguran que desde que volvieron no se han hecho brigadas de salud.

    Conflicto armado

    La complicada situación de salud se suma al conflicto armado que persiste en la región. El Eln y las Autodefensas Gaitanistas hacen presencia y controlan algunas zonas. Por ejemplo, las comunidades negras e indígenas que habitan a orillas del San Juan no han podido volver a pescar en las siete bocanas que tiene ese afluente debido a que los grupos armados les prohiben transitar por allí.

    Los líderes piden que se hagan visitas médicas a las diferentes comunidades wounaan asentadas a orillas del río San Juan. Esperan que con medidas como esas se detenga el avance de una enfermedad que con atención médica seguramente no habría cobrado la vida de los 10 niños de los que el pueblo indígena tuvo que despedirse.

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    Una bebé que pertenecía a la etnia emberá, de tres meses de edad e hija de una niña de solo doce años, fue remitida a Medellín.

    Una bebé que pertenecía a la etnia emberá, de tres meses de edad e hija de una niña de solo doce años, fue remitida a Medellín desde la vereda Aguas Claras del municipio de Frontino, occidente de Antioquia.

    Según el reporte de las autoridades médicas y de la Organización Indígena de Antioquia, la recién nacida falleció como consecuencia de una desnutrición severa.

    Agregaron que por lo general las poblaciones indígenas son renuentes a la vacunación y tampoco asisten a los controles prenatales que garantizan las condiciones para que el parto salga bien.

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